El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una grave crisis bilateral con Brasil al amenazar la semana pasada al gigante sudamericano con la imposición de aranceles del 50% a la importación de productos brasileños.
Lo hizo al alegar un supuesto desequilibrio comercial y una presunta «caza de brujas» en el juicio que se desarrolla contra el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2023), uno de los aliados más importantes que tiene el trumpismo en el tablero político de nuestra región.
A su vez, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con una defensa irrestricta de la soberanía de su país y aseguró que impondrá un arancel recíproco del 50% en caso de que no prosperen las negociaciones diplomáticas para evitar las sanciones. En ese sentido, Lula ordenó la creación de un comité compuesto por diversos ministerios de su gobierno, para evaluar el impacto de los aranceles de Trump y dialogar con los sectores más afectados, y firmó el decreto que reglamenta la Ley de Reciprocidad aprobada en el Congreso, que le permite a la administración brasileña la implementación de «contramedidas» a las sanciones comerciales.
La defensa de Trump a Bolsonaro, uno de sus principales aliados en América Latina junto al presidente argentino Javier Milei, no es nueva. Sin embargo, esta vez fue más lejos, y lo llevó a cometer uno de los actos más graves de injerencismo estadounidense de los últimos años en nuestra región. Trump alega que el proceso judicial que pesa sobre el expresidente brasileño, en el cual se lo investiga por su rol en el intento de Golpe de Estado de 2022, es persecutorio. No obstante, las pruebas son abundantes y contundentes. El teniente coronel Mauro Cid, secretario particular de Bolsonaro durante su gestión, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una reducción de condena. Al atenerse al régimen de «delación premiada», Cid confesó ante la Policía Federal que el entonces mandatario brasileño le había mostrado a los jefes de las Fuerzas Armadas un plan de Golpe de Estado para impedir el reconocimiento de la victoria de Lula en los comicios y su posterior asunción presidencial.
La hostilidad de Trump contra Lula (cuya motivación es más política que económica) se potenció con la realización de la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, que tuvo lugar entre el 6 y el 7 de julio. Si bien fue una reunión un tanto deslucida, ya que no estuvieron presentes ni el líder chino Xi Jinping ni su par ruso Vladimir Putin (aunque este último participó de forma virtual), el encuentro dejó novedades importantes.
Además del discurso fuertemente crítico de la predominancia geopolítica de Estados Unidos, se destacaron dos anuncios de un impacto relevante a nivel económico para nuestra región. Por un lado, la incorporación de Colombia (junto con Uzbekistán) al denominado Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, concebido como contrapeso financiero de los países del llamado Sur Global a los bancos multilaterales diseñados por Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. Por otro lado, el anuncio conjunto entre Brasil y China para construir un corredor ferroviario bioceánico que conectará el Atlántico con el Pacífico. Se trata de un fenomenal proyecto de infraestructura que uniría la ciudad brasileña de Bahía con Chancay, en Perú, en donde el año pasado se inauguró el puerto comercial más importante de Sudamérica, cuya propiedad en un 60% es de la empresa estatal china Cosco.
La cumbre en Río transcurría con normalidad hasta que llegó la publicación de Trump en su red social, Truth Social, en la previa de la imposición de una nueva rueda de aranceles para diversos países a nivel global. «Cualquier país que adopte políticas antiamericanas como las de los BRICS pagará ese arancel. No habrá excepciones a esta política», escribió el magnate ultraderechista. La respuesta no tardó en llegar. «El mundo ha cambiado. No queremos un emperador. Somos países soberanos», sostuvo el mandatario anfitrión, Lula da Silva, y añadió: «Este es un conjunto de países que quiere encontrar otra forma de organizar el mundo desde la perspectiva económica. Creo que por eso los BRICS incomodan a la gente». No obstante, Trump decidió escalar la confrontación. «La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo», escribió el mandatario ultraderechista en una nueva publicación. «Es una caza de brujas que debe terminar inmediatamente», advirtió en su habitual tono amenazante y anunció: «Debido en parte a los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses, cobraremos a Brasil un arancel del 50 por ciento sobre todos y cada uno de los productos brasileños enviados a Estados Unidos».
Trump también argumentó, para justificar los aranceles sobre Brasil, que Estados Unidos padece un déficit comercial con el gigante sudamericano. Se trata de una falsedad lisa y llana: desde hace más de 20 años que la potencia norteamericana es superavitaria respecto de Brasil, y en 2024 tuvo un saldo favorable de 6.800 millones de dólares, según datos de la propia Oficina del Censo estadounidense. El impacto en la economía brasileña de los aranceles de Trump sería muy gravoso, dado que Estados Unidos es un socio comercial de suma relevancia para la canasta exportadora del gigante sudamericano. La reacción frontal en oposición a las sanciones por parte del presidente Lula era inevitable. Pero el jefe de Estado brasileño no fue el único en posicionarse. Aunque alejado de la defensa de la soberanía brasileña, también hizo lo propio Tarcísio Gomes de Freitas, gobernador del Estado de Sao Paulo, una de las principales figuras del bolsonarismo que aspira a competir en las elecciones presidenciales de 2026.
En un primer momento, Tarcísio se mostró comprensivo de las sanciones estadounidenses y aprovechó para fustigar al gobierno petista. «Lula colocó su ideología por encima de la economía, y ese es el resultado. Tuvieron tiempo para prestigiar dictaduras, defender la censura y agredir al mayor inversor directo en Brasil. Otros países buscaron la negociación. No sirve esconderse detrás de Bolsonaro. La responsabilidad es de quien gobierna. Narrativas no resolverán el problema», escribió en sus redes sociales. Sin embargo, a medida que creció el repudio a la decisión de Trump, el gobernador paulista, que tiempo atrás se había mostrado alineado con el ultraderechista estadounidense al punto tal que se fotografió con la gorra roja de MAGA («Make America Great Again»), debió recalcular su posicionamiento. Al igual que Lula, Tarcísio recibió a sectores industriales directamente afectados por la decisión de Trump, entre ellos, productores de café, jugo y plásticos.
Esta crisis bilateral, a su vez, puede ser un punto de inflexión en la política interna de Brasil, de cara a las cada vez más cercanas elecciones presidenciales de 2026. Lula, que venía padeciendo desde hace meses una baja en su popularidad, encontró una oportunidad para mostrarse como un jefe de Estado que defiende a su población y a la economía de su país de la injerencia externa de otro presidente que, además, es un aliado internacional central del principal polo opositor.
Finalmente, la encuesta realizada esta semana por Quaest señala que el 43% de los que respondieron aprueba la gestión del líder petista, frente al 40% registrado en la encuesta anterior de mayo. A su vez, la desaprobación del Gobierno cayó del 57% al 53% en el mismo periodo. El efecto hace acordar a lo ocurrido en países como Canadá o Australia, en donde la injerencia de Trump provocó un aumento de la popularidad de los espacios políticos que se posicionan en su contra. Como si fuera poco, este martes la fiscalía de Brasil pidió a la Corte Suprema que condene al expresidente Jair Bolsonaro por «asociación criminal armada» y «Golpe de Estado». Las aguas políticas del país vecino prometen continuar agitadas, a la espera de la que probablemente sea la elección más importante que tenga América Latina en el horizonte próximo.
