En menos de un mes desde que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, este jueves el Senado aprobó la normativa.
Con 44 votos a favor y 23 en contra, la medida contó con el respaldo de los senadores de La Libertad Avanza (LLA), PRO, Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales, mientras que rechazaron la iniciativa los representantes del peronismo quienes, previamente, solicitaron al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dar explicaciones sobre la salida de oro de las reservas del Estado, de las que aún el Gobierno Nacional no dio respuestas.
Al respecto de la nueva Ley de Inocencia Fiscal II, esta solicita menos información presentada por contribuyentes al momento de blanquear su patrimonio y elimina el piso de 1.000 millones de pesos de ingresos y 10.000 millones en bienes o ahorro para acceder al sistema.
Asimismo, agrega la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo si hay una diferencia que supere el 15% entre la Declaración Jurada y los bienes existentes. Tampoco podrán usarse presunciones y, de rectificarse la presentación de documentación, no se impondrán sanciones y no quedarán fuera de los beneficios del régimen.
Por otra parte, entre las modificaciones que recibió el proyecto presentado por la administración libertaria se incluyó la exención de los beneficios del sistema simplificado de Ganancias a legisladores, jueces e integrantes del Poder Ejecutivo (entre estos, el Presidente de la Nación), además de las personas que hayan ocupado cargos públicos en los últimos 5 años. Precisamente, mientras se debatía en el Congreso, el exfuncionario Manuel Adorni -investigado por la Justicia y que realizó otro pedido de prórroga para presentar la documentación correspondiente- se había adherido al régimen simplificado de Ganancias. También se incluyen en esta lista Federico Sturzenegger y Santiago Oría, ministro de Desregulación del Estado y flamante director de Realización Audiovisual de la Presidencia, respectivamente. El senador Fernando Salino advirtió que el término «funcionarios públicos» que la normativa contempla debería haberse reemplazado por «personas políticamente expuestas», por su amplitud.
Finalmente, el senador José Mayans aseguró que la ley «es un desastre», porque se trata de «un premio a los evasores y los narcotraficantes».
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