El país andino se encuentra, una vez más, hundido en una profunda crisis política y social, agudizada con la remoción por parte del Congreso de la ahora expresidenta Dina Boluarte, quien desde el pasado 10 de octubre se sumó a la larga lista de mandatarios peruanos vacados (removidos) por el Parlamento.
Las protestas sociales desatadas en septiembre por la llamada Generación Z, segmento compuesto por jóvenes nacidos entre 1995 y 2012, expresan el hartazgo con el establishment político peruano, con la falta de oportunidades económicas y laborales y con el agravamiento de la inseguridad pública a raíz de la violenta expansión de las bandas narcocriminales.
El asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz (conocido como «Trvko2) por parte de las fuerzas policiales durante la represión desatada en la movilización del pasado 15 de octubre exacerbó el hartazgo de las miles de personas que salen a las calles enfurecidas contra el sistema político predominante del Perú. Tras la salida de Boluarte, el titular del Congreso, José Jerí, asumió la presidencia y, días después, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar la oleada de terror narco, una de las principales preocupaciones de la población en la actualidad, y como recurso al mismo tiempo para intentar aplacar las protestas.
El levantamiento popular que vive Perú encuentra su inicio el pasado 20 de septiembre, cuando la Generación Z convocó a una movilización pacífica en las calles de Lima que terminó con represión policial, heridos y ataques a la prensa por parte de las fuerzas a cargo del operativo. No casualmente se produjo en forma simultánea a la inédita sublevación social de Nepal, precisamente, impulsadas por los jóvenes de la Generación Z, y que -rol decisivo de las redes sociales mediante- condujeron directamente a la disolución del poder político del país y a un reset del sistema. Y al igual que se observó en Nepal, las de Perú fueron manifestaciones en las que estuvieron presentes símbolos del manga «One Piece» (particularmente, la calavera con sombrero de paja que representa a los protagonistas de la historia), cuyo significado remite a la resistencia contra sistemas opresivos y a la búsqueda de libertad y solidaridad.
Las demandas de los jóvenes peruanos, si bien son multifacéticas, encuentran un denominador común en la crisis política, social y económica sistémica que vive el país andino en forma estructural, contexto en el que las clases populares padecen la desigualdad, la precarización laboral, la falta de empleo y la descomposición de una clase política compuesta por presidentes y legisladores que son percibidos por la abrumadora mayoría de la gente como corruptos y desconectados de las necesidades ciudadanas. Además, aquella movilización de septiembre estuvo particularmente motorizada por el rechazo a la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno, por la exigencia de mayor seguridad pública ante el avance de la narco criminalidad, por el reclamo de justicia por las víctimas de la brutal represión de 2023 con la que Boluarte llegó al poder, y por la vacancia de la propia mandataria, que terminó consumándose pocos días después, tras lo cual asumió al cargo Jerí.
El 27 de septiembre volvió a haber una movilización, en la cual la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó 18 heridos, incluidos un periodista y un brigadista. Y, si bien el 4 de octubre volvió a haber otra manifestación callejera -con menor convocatoria que las anteriores-, un nuevo punto de inflexión en la crisis peruana se produce el 10 de octubre, con la sesión parlamentaria en la que se consumó, con 122 votos a favor y ninguno en contra, la vacancia (destitución) de Boluarte por «incapacidad moral permanente», figura con la cual otros presidentes peruanos fueron removidos de su cargo en el pasado. Si bien el detonante definitivo de la caída de Boluarte fue el ataque armado de un grupo de narcos a los integrantes de la banda musical Agua Marina durante un show en vivo (que generó una fuerte sensación de inseguridad generalizada), la ahora expresidenta perdió de forma paulatina el apoyo del fujimorismo, sostén clave de su alianza parlamentaria hasta este momento, al calor de su creciente impopularidad y de la proximidad de las elecciones presidenciales de abril próximo.
No obstante, lejos de funcionar como válvula de escape, la remoción de Boluarte caldeó las calles, en el marco de la asunción presidencial de Jerí, quien es igual de impopular que la exmandataria, con el agravante de que fue acusado por violación sexual y enriquecimiento ilícito. El 15 de octubre, nuevamente, hubo una movilización en la capital que finalizó con otra represión policial, la cual otra vez tuvo como rasgo destacado los ataques a la prensa: la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que al menos 11 periodistas resultaron heridos por el accionar policial.
Jerí tomó una medida drástica para mostrarse fuerte ante el crimen organizado, con la declaración de la emergencia en Lima y Callao anunciada este miércoles 22 de octubre. La violencia narco criminal, al igual que en Ecuador, se salió de control, aunque aún no llegó a los niveles del país gobernado por Daniel Noboa. No obstante, en Perú hay cifras escalofriantes, que explican la masividad de las protestas. Basta con observar la participación en las movilizaciones del gremio de transportistas, en el marco del asesinato de más de 180 conductores en 2025 por parte de las bandas narco. La cuestión de la seguridad pública, junto con el rechazo a la reforma de pensiones impulsada por el establishment, que perjudica a los trabajadores y ahonda las inequidades y debilidades del mercado laboral peruano, son los aspectos coyunturales de la crisis del país andino, y se suman al aspecto estructural que determina la realidad precarizada de las mayorías en Perú: un modelo económico de exportación de materias primas sin redistribución del ingreso y sin derechos sociales, con elevada informalidad laboral y escaso porcentaje de la población con jubilación.
No está claro hacia dónde puede virar el panorama político. Falta relativamente poco tiempo para las elecciones presidenciales de abril de 2026, y ninguna fuerza o dirigente parece mostrar solidez. En un contexto de atomización partidaria y desprestigio extremo del sistema político, se trata de un escenario que puede ser reflejado con la figura de la moneda en el aire, en la cual asoma -por ahora de forma cautelosa- la figura del ultraderechista Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.
No obstante, sí hay una certeza: la capacidad y la potencia de la Generación Z para generar hechos políticos disruptivos que tensionen el carcomido sistema peruano. Sin embargo, mientras esa rebeldía no encuentre una traducción política, no asoma en el horizonte la posibilidad de una renovación concreta y palpable de la política nacional, y el repudio a presidentes tanto como a legisladores corre el riesgo de quedarse a mitad de camino.
