Bolivia enfrenta una de las manifestaciones más grandes y movilizantes durante la pandemia. El país se encuentra sumido en una crisis sanitaria y social ante la falta de reacción del gobierno y el aplazamiento de la elecciones nacionales. En el Departamento de la Paz, la segunda región más afectada por el coronavirus, denuncian que el sistema de salud ocupó el 100% de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), y es crítica la situación con los casos de personas que fallecieron a la espera de atenderse.
Manifestaciones, ocupación total y represión
Según el diario El Deber, todo el departamento cuenta con 70 camas de terapia intensiva, y 53 especialistas en la rama. Las manifestaciones en el país, convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir al Tribunal Superior Electoral que restablezca la fecha de elecciones nacionales para el 6 de septiembre, aumentaron el nerviosismo en medio de las represiones que se dieron en medio de las manifestaciones. El ministro de Defensa del gobierno de facto, Luis Fernando López, amenazó con emplear la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para enfrentar a los manifestantes en una nación que tiene 47.056 casos activos de coronavirus, 2.647 decesos y 21.478 recuperados.
Según la Investigación de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Facultad de Derecho de Harvard (IHRC) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos, se pide a la comunidad internacional condenar la muerte y violaciones de derechos humanos ocurridas en Bolivia y detener cualquier ayuda si continúan. Esta investigación independiente, que duró seis meses, pide a la comunidad internacional exigir la celebración de elecciones libres y justas en Bolivia tan pronto como sea posible y denunciar la persecución de políticos.
Miremos a nuestros hermanos
Los bolivianos vuelven a vivir la escasez: largas filas para comprar alimentos y medicamentos en medio de la incertidumbre y pandemia. El pueblo no solo tiene que luchar contra la amenaza latente del coronavirus, también sobrevivir en total abandono. El miedo se apodera de los sistemas que por años estuvieron olvidados, los hospitales y la prisión.
Durante la semana, en la cárcel de varones de San Sebastián en la ciudad de Cochabamba, los reos se amotinaron para exigir asistencia médica, medicamentos y testeos rápidos de detección de COVID-19. La cárcel tiene una capacidad para 250 personas privadas de su libertad y actualmente hay 650 reclusos.
Varios sectores se adhieren al reclamo popular. El Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni el lunes 27 emitió un llamado al pueblo para movilizarse en contra del gobierno de facto de Jeanine Áñez para exigir que no se posterguen las elecciones. Un reclamo que se repite en distintas organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo. Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, acusó de “configurar un alzamiento armado y sedición” a los dirigentes opositores.
El pueblo boliviano pide que demos una mirada de apoyo a su país, para que se haga visible la represión de la que son víctimas. En algunos países de Latinoamérica la pandemia parece ser la cortina de humo perfecta para dividir y gobernar en medio del miedo.
