Tal como lo había anunciado, el Gobierno argentino presentó un pedido ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para que se informe acerca de posibles maniobras especulativas realizadas por los titulares de los llamados fondos buitre con el fin de «generar los mecanismos para beneficiarse» con la activación de los seguros contra el default tras el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa.
El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, al dar a conocer esta decisión señaló que «todo esto es posible si se controlan resortes judiciales, si se coopta el juzgado (de Manhattan, de Thomas) Griesa, si se interviene en los organismos internacionales que determinan que hay un default: estamos en presencia de un entramado muy complejo donde la influencia de los fondos buitre perjudica a los Estados, a los bonistas de buena fe y ganan los que hacen estas prácticas, que no son solo con la Argentina».
Las presentaciones se harán al organismo estadounidense y a las comisiones reguladoras de las bolsas europeas, destacó Vanoli, y dijo que «es bueno entender el peligro que representa esto para la estabilidad financiera del mundo, la operatoria de los fondos buitre”.
Vanoli remarcó que «hay una investigación que hizo la autoridad de mercado de Francia, vinculado también con el uso de información privilegiada por parte del fondo buitre Elliot (propiedad del multimillonario Paul Singer)» y por la que fue condenado hace dos meses.
El presidente de la CNV manifestó que, ante este tipo de prácticas, «se impone, y es necesario, una acción de orden internacional para que los deudores y bonistas de buena fe no seamos todos rehenes de este gran chantaje internacional que llevan a cabo estos fondos».
En ese sentido, consideró que se pedirá información sobre quienes negociaron e intermediaron en la compra de bonos argentinos y los seguros contra una cesación de pagos, emitidos bajo el nombre de Credit Default Swaps. Al respecto, el funcionario dudó de la imparcialidad del Comité de Determinación para América de la International Swaps and Derivatives Association (ISDA), entidad que debe regular este mercado y que la pasada semana activó el pago para el caso argentino.
«Hay un organismo internacional, se llama ISDA, que ha determinado la semana pasada (el pago de seguros por default) y donde el fondo de Paul Singer está en el directorio, cosa que es totalmente antiética, ya que es quien decide que estos seguros contra default sean activados», señaló Vanoli. Además, explicó que estas herramientas «son productos financieros derivados que cotizan de manera poco transparente, no cotizan en una bolsa, son coberturas que negocian fondos especulativos y que se compran y venden en el mercado».
«Muchos inversionistas y fondos buitres los compraron y presumiblemente provocar el default les genera una ganancia por doble vía: primero activando por el lado judicial y teniendo sentencia por bonos precios al 2001 y, posteriormente, ajustando una enorme ganancia por la valorización de estos Swaps», sostuvo Vanoli.
A raíz de esto, expresó el titular de la CNV que es necesario exhortar a las autoridades de Estados Unidos y Europa a realizar una investigación «muy seria» sobre este tipo de cuestiones para establecer si se produjo o no una «doble ganancia» por parte de estos fondos especulativos, que fuerzan un cobro judicial y también la activación de un seguro contra cesación de pagos de la deuda.
Vanoli consideró que la maniobra para activar el seguro de cobro es «una actitud que riñe la transparencia y la ética y amerita una investigación. Ya no se trata de un reclamo judicial sino de una maniobra que implicaría delitos a escala global”. Además, agregó que “el uso de información privilegiada y la manipulación de mercado son delitos en Argentina y en los Estados Unidos e implican sanciones económicas y penales», alertó. «Vamos a hacer una investigación amplia, sobre la cual tenemos determinados secretos que no podemos revelar públicamente, pero vamos a investigar hasta las últimas consecuencias», indicó Vanoli y afirmó que «Argentina va a actuar en el plano político, legal y económico para defender sus intereses y va a acudir a todas las instancias en los Estados Unidos y en la comunidad internacional».
