El viernes en el Noticero, Andrea Bernardi dialogó con Gabriela Elías, profesora de Historia e integrante del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria y del Observatorio de Tierras, sobre el proyecto de Ley de Extranjerización de la Tierra.
La especialista comenzó aclarando que «dentro de ese programa está el Observatorio de Tierras, que ya tiene algunos años. En su mayoría somos historiadores e historiadoras, aunque también está ‘Juli’ que es socióloga. El observatorio tiene una existencia un poquito más reciente, porque nació en diciembre de 2025».
«De cara a esta discusión que se va a dar este año, porque la Ley de Tierras Rurales, que es lo que nosotros estamos tratando de alertar que se quiere derogar por decreto desde 2023, es una de las primeras medidas del Gobierno y ese decreto queda detenido gracias a un amparo que presentó el Centro de Excombatientes de Malvinas», explicó Elías. «Entonces, el Observatorio de Tierras surgió con el objetivo de estudiar el fenómeno de la extranjerización de tierras en Argentina pero, además, alarmar a la población precisamente sobre qué implica la extranjerización».
¿Qué es la extranjerización de tierras?
Previamente, en 2011, se había sancionado la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de limitar la extranjerización de la tierra en Argentina y establecía que la propiedad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
«La ley de tierras en Argentina se estableció con muchísimo consenso en 2011, esto también hay que marcarlo, es una ley aprobada con el objetivo de ponerle un límite a una extranjerización de tierras que ya se venía dando. Nosotros tenemos procesos de extranjerización muy fuertes en Argentina», manifestó la docente.
«Uno está marcado durante la última dictadura cívico militar, el siguiente fue en los años 90 y, finalmente, en 2000 con el boom alimentario se abrió otro gran proceso de extranjerización. Para ponerle un freno, se firmó esta Ley de Tierras Rurales, que la primera regulación que pone es la que a nivel departamento, provincia o nación, no puede estar controlado más de un 15% por capitales extranjeros y, a su vez, tiene algunas otras restricciones. Por ejemplo, dentro de ese 15% una misma nacionalidad no puede concentrar el 30%. Un mismo propietario no puede concentrar más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o sus equivalentes», detalló.
«Además, hay algunas otras restricciones que tienen que ver, por ejemplo, que a partir de un Decreto de 1944, extranjeros no se pueden comprar tierras fronterizas. Asimismo, la Ley de Tierras lo que establece es que no se pueden vender a manos extranjeras territorios que posean recursos hídricos o espejos de agua. Esa ley tiene como un primer objetivo poner freno a la extranjerización, como ya dije. Un segundo objetivo es desincentivar la concentración de capitales en una misma región y, a su vez, cuidar ciertos recursos considerados fundamentales para la vida como, por ejemplo, el acceso al agua», advirtió Gabriela Elías.
De todas maneras, la referente aclaró que «cuando hablamos de extranjerización de tierras y de propietarios extranjeros nos referimos a grandes capitales y a grandes inversiones, jamás a extranjeros que migran, vienen a vivir acá, producir acá. Eso está amparado por la Constitución Nacional y la Ley de Tierras no restringe a esa gente sino, precisamente, a los grandes capitales y grandes corporaciones».
El valor del territorio
«Con respecto a si la tierra tiene valor económico o se mide en función de su valorización económica, hay algo que el Mapa del Observatorio destaca de forma muy clara: a nivel nacional y provincial la ley no se incumple, no hay ninguna provincia que posea más del 15% de extranjerización. Lo que sí sucede es que esto se incumple a nivel departamental. Hay 36 que ya acceden al límite fijado por la ley y, cuando uno hace lupa en esos Departamentos, se encuentra que cualquier tierra está en zonas de frontera o posee recursos estratégicos como, por ejemplo, el agua y los minerales están cerca o sobre vía fluviales comerciales importantes como el Río Paraná», advirtió. «De hecho, tiene un montón de otras valorizaciones, que tienen que ver con una valorización ecosistémica. Aquellos que presentan grandes cursos de agua dulce, presentan una valorización ambiental y social muy importantes para las comunidades y familias que viven allí. Me parece que lo que está en discusión con la derogación de la Ley de Tierras es, precisamente, qué valorización va a primar», amplió Elías.
Semáforo en rojo
Al respecto del análisis que llevan adelante en el Mapa del Observatorio, mediante un sistema de colores como semáforos que alertan, «lo que nosotros pudimos ver es que hay 36 departamentos que están en rojo, que superan el límite fijado por la ley, y dentro de esos departamentos hay cuatro que están en una situación problemática, porque presenta más del 50% de extranjerización. Muchísimo. De hecho, en el observatorio nosotros sacamos el sexto informe que analiza un poco cuál es la situación de Neuquén. Es una zona muy problemática. Tiene un departamento, Lacar, donde está San Martín de Los Andes, con más del 50% de extranjerización y la mayor cantidad se concentra en capitales estadounidenses. Es decir, hay una doble violación a la ley: por un lado, se incumple la Ley de Tierras de este 15% y, por el otro, está concentrado en muy poquitas nacionalidades que superan el 30%, que es la otra restricción de la que hablaba», alertó.
Qué se hace con la tierra
«Los problemas que pueden surgir en torno a esto son varios, porque cuando desde afuera una misma nacionalidad, una misma familia o un gran capital o fondo de inversión te controla un territorio, lo que te está controlando es qué se hace con la tierra, qué se hace con los recursos que están allí, quién toma las decisiones en ese territorio. Porque si no es el Estado, la pregunta es quién decide. Por eso, también hablamos de que representa un problema para la soberanía del país. Estos departamentos se concentran en alguna región en particular, en Patagonia, en el Noroeste, en Mesopotamia, por ejemplo», compartió Gabriela Elías.
Asimismo, «si bien hay un patrón de concentración, no es que están concentrados en una misma región como puede ser la Patagonia, por ejemplo, sino que uno puede encontrar que en Salta hay Departamentos ya pintados en rojo, en Misiones sucede lo mismo, en la Patagonia tenemos algunas provincias en donde pasa lo mismo. Entonces, diría que están distribuidos mayormente en esas regiones».
Finalmente, Elías convocó a denominar al proyecto de Ley de la Inviolabilidad a la Propiedad Privada como Ley de Extranjerización, «porque nos parece un nombre un poco más acorde». «Es absolutamente coherente con la ideología del Gobierno y, precisamente, lo anunció el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Tiene como objetivo desregular la compra y venta de tierras en Argentina, también pensando en liberalizarlas hacia el mercado. En este sentido, yo le encuentro bastantes similitudes a procesos propios de 1996 y de los años 90, cuando sucedió lo mismo».
«Si se liberaliza el mercado de tierras en Argentina lo que va a suceder, como ya pasó en los 70, en los 90 y en los 2000, es que el valor de la tierra va a subir muchísimo y eso va a hacer que los pequeños y medianos productores ya no puedan producir, porque ni siquiera van a poder pensar en alquilar una hectárea», adelantó.
Soy comunicador visual y social. Hace más de 30 años descubrí la magia de la radio y, desde entonces, la disfruto como escribir, una stout o el fútbol. Profe de Análisis Crítico de los Medios, Marketing Digital, Medios Digitales y Gestión de Emprendimientos. Empezar de cero es volver a ponerle el máximo de energía y entusiasmo a cada proyecto o desafío.
