El lunes 20 de octubre venció el plazo que tenía el Poder Ejecutivo para promulgar la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, ambas insistidas en la Cámara Baja y Alta luego de haber sido vetadas por el Presidente de la Nación meses atrás.
En el Boletín Oficial del día de la fecha, martes 21, se promulgaron ambas leyes, pero quedaron suspendidas de su ejecución. Javier Milei sostiene que el Congreso debe indicar las fuentes de financiamiento y las partidas necesarias para que ambas leyes sean aplicadas y que, por lo tanto, quedaban suspendidas. Siendo, de manera tal, el mismo argumento que el Poder Ejecutivo Nacional utilizó para suspender la ley de emergencia en discapacidad.
En primera instancia, sería prudente recordar que es el mismo oficialismo el que nunca gobernó con presupuesto oficial aprobado por ambas Cámaras del Congreso. Por lo tanto, sostiene el presupuesto aprobado para el año 2023, último año del mandato de Alberto Fernández y, así, realiza un ajuste prorrogando las partidas y bajando el gasto real frente a la suba inflacionaria que aplicó el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
La ley de financiamiento universitario implica el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI) por año, la ley de emergencia pediátrica requiere 90 millones de dólares anuales. No obstante, el Boletín Oficial señala que el financiamiento que propone la ley de emergencia pediátrica solo podría llevarse a cabo mediante el desfinanciamientos de programas esenciales de salud.
Haciendo un análisis comparativo, es fácil observar la nimiedad de los números presupuestarios que requieren ambas leyes frente a otros gastos del oficialismo nacional. Podemos recordar que Marcos Galperin, creador de la plataforma Mercado Libre y su respectiva billetera virtual, recibe 100 millones de dólares en subsidios del Estado argentino por año. También podemos mencionar la baja en las retenciones a bienes personales y a la compra de autos de lujo, como así la baja temporal en las retenciones al maíz y al sorgo (de 12% a 9,5%), a la soja (de 33% a 26%) y a los subproductos de la soja (de 31% a 24,5%), donde el Estado realizó un gasto de 544 millones de dólares. Asimismo, cuando el oficialismo llevó las retenciones a 0% durante una semana para beneficiar a las agroexportadoras, se perdió la recaudación de 1.500 millones de dólares. Otra fuente de comparación puede ser la partida presupuestaria de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que el Gobierno Nacional decidió ampliar por 32.616 millones de dólares.
Frente a estos datos, es cuestionable que el Gobierno afirme que «no hay plata», o que las leyes suspendidas son medidas que dañan el superávit fiscal, o que es el Congreso Nacional el que debe encontrar fuentes de financiamiento.
Contrariamente, es el mismo Ejecutivo Nacional el que debe reordenar las partidas presupuestarias, siendo que la recaudación es mayor al presupuesto requerido. Por otro lado, fue el mismo gobierno que hace días sostuvo que el Estado podía llevar a cabo el gasto millonario de la reimpresión de las boletas para la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, luego de que su primer candidato, José Luis Espert, diera de baja su candidatura por presuntos vínculos con el narcotráfico y hechos de corrupción. Nuevamente, la discrecionalidad presupuestaria del presidente Javier Milei es muy clara: no es que falte plata o financiamiento, las razones son políticas y en los intereses políticos de LLA las universidades públicas, los discapacitados y los hospitales pediátricos públicos no están incluidos.
En la misma semana que se confirma el envío de 20.000 millones de dólares mediante un swap entre el Tesoro Nacional de los Estados Unidos y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), sucede la suspensión de las leyes aquí mencionadas. Una pregunta es necesaria, ¿a dónde se dirige el dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro Nacional de Estados Unidos? Hay múltiples posibles respuestas, una de ellas es que es dinero destinado a sostener el gobierno de Milei y la respectiva campaña electoral. Por lo tanto, vuelve de la deuda y del swap un hecho político y de intervención de soberanía. Estados Unidos irrumpe en nuestras elecciones nacionales para que se mantenga en el poder un gobierno alineado a los intereses norteamericanos. Donald Trump ya lo dijo, Argentina se está muriendo y no gana nada de esto. Estados Unidos se beneficia, compra la soberanía argentina en años de inestabilidad geopolítica por el ascenso de Asia Pacífico y se acerca cada vez más a poseer nuestros recursos naturales y tierras raras.
Por lo tanto, Argentina se endeuda a beneficio del partido político de turno y de los intereses norteamericanos para ser parte del sostén latinoamericano de la hegemonía norteamericana en el mundo. No sorprende que La Libertad Avanza siga sosteniendo banderas de ajuste y de ruptura democrática y de la división de poderes republicana, tienen que demostrarle a los mandatarios estadounidenses que son capaces de mantener los recortes y de empeorar la calidad de vida y de poder adquisitivo de la mayoría de la población. Ya lo sostuvo Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, «el camino que debe seguir Argentina es recortar un 50% más los salarios y las pensiones».
Artículo elaborado para puntocero por Azul García.
