Durante su discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, la presidente Cristina Fernández de Kirchner asumió que se enviaría al debate legislativo un nuevo Código Penal para reformar el vigente.
A partir de ahí, comenzó el debate, pero no el legislativo sino mediático. Desde todas las bancadas salieron palabras, gritos, comentarios y acusaciones.
El primer paso lo dio Sergio Massa, diputado del Frente Renovador. El legislador señaló que el proyecto «consolida la puerta giratoria para los delincuentes», ya que «prevé que ocho de cada diez delitos sean excarcelables», entre los que están «la corrupción y sustracción de menores, el robo con armas y el tráfico de drogas. En total, 166 delitos quedan tipificados como excarcelables, esto es consolidar en la ley la puerta giratoria, es generar un mecanismo que piensa en el reo pero no piensa en la gente».
«De la simple lectura emerge que 166 delitos de la parte general, es decir, el 82% de las figuras previstas, admiten la excarcelación ordinaria. Y el 86%, es decir, 174 delitos, permitirían la suspensión del juicio a prueba, es decir que el proceso se detenga y nunca llegue a sentencia si se cumplen las condiciones impuestas. También es importante recalcar que 146 delitos bajarían las penas en comparación con el Código Penal vigente. Y debemos recordar que este código elimina la reincidencia, la reclusión y la prisión perpetua», explicó Massa.
Pero el comentario que más críticas le valió fue el de llamar a una consulta popular para realizar modificaciones. Aunque fue muy cuestionado el exintendente de Tigre, insistió con esa iniciativa.
Carlos Kunkel fue uno de los primeros en salir al cruce de Massa y señaló que «es jurídicamente inviable» realizar una consulta popular para definir si se aprueba la propuesta, ya que debería modificarse la Constitución Nacional porque «prohíbe expresamente la consulta popular para temas que hacen a la legislación penal». Al respaldar el proyecto, el legislador indicó que las excarcelaciones se rigen por «los códigos de procedimiento de las provincias y no por el de la Nación». Además, aclaró que el anteproyecto en análisis del Poder Ejecutivo hará sus consideraciones y lo enviará como proyecto de ley al Congreso para su posterior debate.
El senador Aníbal Fernández también cruzó a Massa por impulsar una consulta: “Estaría bueno que estudiara un poco de Derecho”, por hacer una campaña para juntar cinco millones de firmas para impedir la reforma del Código Penal. “¿Sabrá el abogado Massa que el 3° párrafo del Artículo 39 de la Constitución Nacional y el Artículo 3° de la Ley 24.747 no permiten la iniciativa popular en materia penal?”, dijo Fernández por Twitter.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, cuestionó la idea de juntar firmas “por las dudas” e impulsar campañas para “tratar que se fuerce una situación de participación de la gente”.
El proyecto de reforma fue elaborado por una comisión conformada por legisladores de varios partidos y con conocimientos en el tema como Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (PRO), María Elena Barbagelata (PS) y León Arslanián por el kirchnerismo, bajo la dirección del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.
Precisamente, el radicalismo también tuvo un mar de fondo con el proyecto, ya que decidió no concurrir al debate parlamentario y expresaron que la participación de Gil Lavedra no significa el apoyo partidario a la iniciativa. En una conferencia de prensa, el jefe radical, Ernesto Sanz, manifestó que “el radicalismo le pide al Gobierno Nacional que no envíe al Congreso el proyecto del nuevo Código Penal», ya que «no están dadas las condiciones para su tratamiento parlamentario porque hay mucho oportunismo, demagogia y adelantamiento de los tiempos electorales».
El senador confirmó que no estarán presentes en la discusión del proyecto en las comisiones parlamentarias correspondientes. «Si el Gobierno insiste en enviar el proyecto nosotros no vamos a participar de las comisiones legislativas. Este partido no va a acompañar una iniciativa que proponga reducciones en las penas, ni que elimine figuras como la reincidencia», aseguró Sanz.
Igualmente, Sanz defendió la figura de Gil Lavedra y lo calificó de “notable jurista, motivo por el cual fue convocado, pero de ninguna manera involucra al partido». El diputado y exvicepresidente Julio Cobos también criticó el proyecto y señaló que «disminuye la intensidad de las actuales penas de prisión en los principales delitos que hoy mantienen en vilo a la sociedad». El mendocino tuvo el apoyo de los demás diputados radicales por el distrito: Luís Petri, Patricia Giménez y Enrique Vaquie. Además, Cobos señaló que la iniciativa «disminuye las escalas penales de los delitos de homicidios, robos, trata de personas y tráfico de estupefacientes».
Gil Lavedra defendió el anteproyecto y reclamó no “hacer política partidista con el tema, pues un código penal no pertenece a una fuerza determinada sino a toda la sociedad».
También expresó que «ningún delito va a ser excarcelable porque sí, debido a que «eso lo decide el juez en cada caso concreto. Mi percepción es que en estas condiciones es imposible hacer un debate en serio. La reforma es necesaria pero en estas condiciones, no».
Del lado del PRO también hubo controversia. El diputado Federico Pinedo, integrante de la comisión que elaboró el anteproyecto dijo que “en lugar de oponerse hay que hacer el trabajo lo mejor posible. La función de los legisladores es sancionar buenas leyes. Me parece que, si son diputados, lo que tienen que hacer es hacer propuestas para que el Código Penal sea mejor, no rechazar una reforma». Sin embargo, aclaró que tiene “claras disidencias” con algunos puntos del proyecto y señaló que “no hay Código sin consensos muy amplios».
Su colega Laura Alonso utilizó la red Twitter para opinar: «La Argentina necesita un #CodigoPenal actualizado y no hay que apresurarse. Debe haber amplio debate parlamentario y social», escribió y manifestó que tiene «diferencias con algunos de los contenidos del anteproyecto, inclusive con Pinedo”. Alonso coincidió con Gil Lavedra al decir que “no hay contexto adecuado para la discusión» y remarcó que es necesario trabajar en un «Código de todos y para todos, y si la presidenta lo llega a enviar al Congreso así como está redactado lo vamos a rechazar».
El líder del PRO y jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, consideró que «no se puede votar este Código hoy, porque esto conduce a una nueva fractura de nuestra sociedad y nosotros no queremos más fracturas; queremos que se debata sin animosidades, en profundidad y escuchando la postura de todos con respeto». Ratificó las «profundas disidencias» que sostiene con el texto del anteproyecto y afirmó que todas esas objeciones fueron señaladas por Pinedo en su calidad de miembro de la comisión asesora, de la que el PRO participó «porque somos un espacio de diálogo y ponemos en práctica esa actitud las 24 horas del día».
Tras una reunión con los diputados y senadores del partido, Macri manifestó que «no es el momento adecuado» para la discusión y resolvió rechazar el anteproyecto «si ingresa al Congreso».
Por el lado del socialismo, Hermes Binner dijo que la iniciativa «nos obliga a debatir los temas concretos y saber por dónde están los peligros principales. Después viene el tema de la pena, que tiene que ser racional para el delito cometido. Este es un tema que seguramente va a exigir debate». El diputado santafesino se mostró contrario a disminuir las penas a los delincuentes.
El desafío está lanzado, hasta ahora las palabras fueron ante micrófonos, cámaras o con un teclado. Es hora de que el debate se haga donde corresponda y que llegue a buen término.
Soy comunicador visual y social. Hace más de 30 años descubrí la magia de la radio y, desde entonces, la disfruto como escribir, una stout o el fútbol. Profe de Análisis Crítico de los Medios, Marketing Digital, Medios Digitales y Gestión de Emprendimientos. Empezar de cero es volver a ponerle el máximo de energía y entusiasmo a cada proyecto o desafío.
