La Agencia Federal de Investigación (AFI) denunció penalmente al exministro Marcelo Villegas y un grupo de funcionarios públicos y empresarios por la reunión realizada en junio de 2017 en una oficina del Banco Provincia, en la que se organizó una mesa judicial en la que Villegas manifestó «que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría».

Asimismo, Villegas argumentó en el video que «las leyes son las leyes, tengo que modificar la Ley 10.430 y sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea», y detallaba que «el esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista de más que laborales, de amenaza, y estas palabrejas se impulsan con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos». «Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la Fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene que estar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la procuración, con la fiscalía y con el juez que eso va a funcionar», completaba el exfuncionario público.

Además del grave hecho institucional en el que plantea quitar derechos a un sector de trabajadores de la construcción, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense expresaba libremente la iniciativa de perseguir sindicalistas del gremio e instaba a proceder con metodologías del nazismo, precisamente, uno de los primeros recursos que Adolf Hitler instauró en Alemania a mediados de la década del 30′.

Al respecto de la denuncia que recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3 a cargo de Ernesto Kreplak, la titular de AFI, Cristina Caamaño, aseguró que «dejaron en evidencia la existencia de una mesa judicial en Buenos Aires que buscaba ponerse de acuerdo para destruir el movimiento sindical», en referencia a la participación de Villegas; su par de Infraestructura, Roberto Gigante, el otrora subsecretario de Justicia, Adrián Grassi; el senador Juan Pablo Allan; el propio intendente de La Plata, Julio Garro; y los empresarios y representantes de organismos de la industria de la construcción Marcelo Jaworski, Fabián Cusini, Fernando Sacrachi y Guillermo Moretto. «La Justicia lo tiene que determinar, pero aparentemente María Eugenia Vidal tiene responsabilidad en esto, ya que si sus ministros están haciendo semejante reunión es difícil que la gobernadora no lo sepa», expresó Caamaño sobre la gobernadora bonaerense durante el periodo en el que ocurrió la reunión. Vale destacar que ese mismo año el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan Pablo «Pata» Medina fue detenido y la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri se manifestaron públicamente.

«Hablan de una Gestapo para terminar con los gremios, eso dice el que era Ministro de Trabajo, es como un médico que diga que quiere matar a los pacientes o un maestro que no quiera enseñar a escribir o a leer, es todo lo que está mal lo que se habla en esa reunión», manifestó Caamaño sobre el hecho en el que se menciona a la policía secreta nazi con liviandad. No es un dato menor que en la última dictadura cívico militar en Argentina se haya perseguido, torturado y desaparecido a centenares de trabajadores sindicalizados con complicidad de empresas. Tal vez el caso más reconocido sea el de Ledesma, aunque existen múltiples compañías relacionadas con la época más sangrienta y reciente de la historia de nuestro país.

Precisamente la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, advirtió que «la sola mención de una Gestapo para terminar con el sindicalismo recuerda las peores épocas de este país. El estado de derecho debe regir para todas y todos, más allá de su ideología o accionar. Es un debate que la sociedad argentina saldó cuando abrazó la democracia en 1983» y el tema se agrava si, como expresó Villegas en el video, tenía «todo acordado con el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, el juez y el fiscal». Por este motivo, ahora «deben investigarse las circunstancias en las que se produjo esa filmación para corroborar si era un modus operandi del anterior Gobierno realizar espionaje ilegal sobre las reuniones que se llevaban adelante en los edificios públicos».

Finalmente, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak (quien también fue intendente de La Plata), tuiteó que «el video con declaraciones del exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, demuestra una vez más la existencia de un accionar coordinado e ilegal entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial en el gobierno de Cambiemos, para perseguir opositores políticos y gremiales». Además, afirmó que «acciones como estas están severamente penadas por la ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente».