Finalmente, llegó a su final el detonante de la larga crisis que terminó con el estallido del gobierno de la Alianza. El Tribunal Oral N° 3 absolvió al expresidente Fernando de la Rúa y otros siete implicados en la causa por los sobornos en el Senado en el año 2000 para aprobar la reforma laboral. También cuestionaron fuertemente al juez de la causa, Daniel Rafecas.
Tras escuchar los alegatos de los últimos acusados (los exsenadores peronistas Remo Constanzo y Ricardo Brando), los jueces Miguel Pons, Fernando Ramírez y Guillermo Gordo resolvieron sus absoluciones.
El tribunal señaló en la sentencia que no se probó el presunto pago de 5 millones de pesos para la aprobación de la ley de reforma laboral, pese a las declaraciones de quien se desempeñaba como secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, que también fue absuelto. Tampoco consideraron probada la reunión en la casa de gobierno en la que De la Rúa habría manifestado que se debía hablar con el jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Fernando de Santibañes, para pagar las coimas.
En los considerandos se indica que “no existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno» y «no existió una reunión entre de Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía para convenir la entrega de dinero”.
En el fallo también fueron absueltos el exministro de Trabajo Alberto Flamarique, de Santibañes y cuatro exsenadores del Partido Justicialista (PJ): Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.
La Oficina Anticorrupción había pedido 6 años y medio de prisión para De la Rúa por el delito de «cohecho activo», es decir, por haber pagado coimas. La misma pena había reclamado la fiscal Sabrina Namer.
Para de Santibañes y los exsenadores, la Fiscalía había solicitado seis años de cárcel y la Oficina Anticorrupción cinco años y medio de prisión. Quien había recibido un menor pedido de sanción fue el exsecretario parlamentario Pontaquarto: por parte de la Fiscalía era de un año y medio y para la Oficina Anticorrupción un año en suspenso.
Tanto la Fiscalía como la Oficina Anticorrupción optaron por no acusar al exministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al otrora senador, Ricardo Branda, por considerar que durante el debate no se produjo suficiente prueba para ello.
Al referirse a Rafecas, el magistrado que llevó adelante la causa afirmó que «constituye una afrenta que el sistema de enjuiciamiento penal permitiese el avance de la causa hasta esta instancia, adonde se trajeron a quienes fueran a la fecha de los hechos presidente y senadores de la Nación, un ministro y un secretario de Estado sobre la base de una versión de los hechos inverosímil, contradictoria y mendaz». Al respecto, dijeron que el juez, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía «acudieron a su imaginación y supusieron diálogos entre imputados o entre estos y testigos para justificar sus afirmaciones».
Tras conocer la sentencia, De la Rúa afirmó que la misma demuestra que fue todo “un complot político” contra su gobierno. “Este juicio de casi dos años y 300 testimonios demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad”, señaló el exmandatario. También consideró que todo el proceso judicial «sirvió para demostrar que todo fue una infamia de principio a fin. Fue el punto de partida de un complot político. La absolución reivindica mi dignidad».
Por su parte, el “arrepentido” Mario Pontaquarto con cuyo testimonio se inició toda la causa calificó de “vergonzoso” el fallo del tribunal y precisó que “le hizo mucho mal a la justicia». Además, afirmó que los magistrados dejaron pasar una “oportunidad histórica de hacer un fallo ejemplar por corrupción”.
Tras doce años de trámites judiciales, la causa por los sobornos en el Senado llegó a su fin. Un hecho que desencadenó la renuncia de un vicepresidente y el derrumbe de un gobierno que había llegado para hacer un cambio. Tras tanto tiempo, todo quedó en la nada.
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