A 4 meses de cumplirse los 3 años del accidente, los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once recibieron una de las peores noticias que podían suceder. TBA, la empresa concesionaria del Ferrocarril Sarmiento fue declarada en quiebra, con lo cual las indemnizaciones que tienen que recibir los familiares corren peligro.
Uno de los abogados querellantes, Gregorio Dalbón, confirmó la decisión de la jueza Paula María Hualde por la que el Estado debería hacerse cargo de los 1.300 millones de pesos de monto aproximado que deberían recibir como indemnizaciones.
«Decretaron quiebra de TBA. Me lo confirma una fuente interna confiable. Esto perjudica notablemente a las víctimas de Once en su reclamo», señalo Dalbón en su cuenta de Twitter y añadió que van a estudiar que esta quiebra «no haya sido fraudulenta y denunciaremos una investigación amplia en tal sentido. El Estado responderá civilmente».
Tras el choque en la estación Once ocurrido el 22 de febrero de 2012, el Ministerio de Planificación Federal decidió proceder a la intervención administrativa, técnica-operativa de la empresa TBA, que operaba el ferrocarril Sarmiento y Mitre y cuyo titular era Mario Cirigliano.
Este martes una delegación de siete familiares de las víctimas se reunió con el Papa Francisco para solicitar que se haga justicia por las 51 víctimas fatales y los 700 heridos. En el encuentro, el Santo Padre los alentó a seguir. «Cuenten con mi oración, rezo por ustedes, rezo porque el juicio que están llevando adelante se haga con toda justicia y que la verdad aparezca», expresó el Papa.
«El Papa nos alentó a proseguir con esperanza en nuestro reclamo de justicia y manifestó que nos acompaña en esta lucha», señaló María Luján Rey, madre del joven que fue encontrado sin vida y atrapado entre los fuelles de dos vagones dos días después de la tragedia.
Desde la empresa adelantaron que apelarán la medida y que seguirán haciendo frente a los pagos del concurso de acreedores. Además, señalaron que la decisión de decretar la quiebra se debe a un reclamo de la ART Liderar, al que califican de infundado.
Previamente al inicio del juicio penal, en marzo de este año, un grupo de familiares había alcanzado un acuerdo extra judicial con TBA y, a cambio de desistir en la querella, se harían acreedores de pagos de hasta 300 mil pesos. Otro sector de los familiares continuó litigando por la vía judicial. En el juicio están acusados los titulares de la exconcesionaria, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y otros por entonces funcionarios. Si la decisión de la magistrada Hualde no es revocada y el Estado debe hacerse cargo del pago de las indemnizaciones, judicialmente puede ser considerado solidariamente responsable, las indemnizaciones podrían ser abonadas en bonos u otras herramientas económicas.
