«Complican el acceso a pensiones por discapacidad»

Este viernes en el Noticero conversamos con Ezequiel Desmery, estudiante de sociología en la Universidad de San Martín (USAM) e integrante de la dirección operativa de la Fundación Rumbos, además de familiar de persona en situación de discapacidad.

«Este sábado 1° de marzo se abren las Sesiones Ordinarias en el Congreso y una de las leyes que se va a discutir en estos días es la Ley de Igualdad ante la Ley, que propone eliminar cualquier normativa que tenga aspectos de discriminación positiva. Entre ellas, se encuentran el cupo trans, la Ley Micaela, la figura del femicidio en el Código Penal, el DNI no binario y también el cupo laboral para personas con discapacidad. Esta última es una ley que lo que hace es buscar que se garantice en el Estado al menos un 4% de personas con discapacidad entre los trabajadores. Esto es tanto para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y también las empresas que trabajan para el Estado», detalla Desmery.

Asimismo, «esta ley fue sancionada en 1981, es la Ley 22.431 que busca denunciar una falta de acceso de las personas con discapacidad del empleo por barreras sociales, por prejuicios, por esas cosas que se piensa como que una persona con discapacidad intelectual no puede trabajar en un bar, en una oficina, una persona así no puede trabajar. Lo que hace es, al mismo tiempo que denunciar eso, propone una alternativa que es el trabajo en el Estado». Esta ley denuncia esta situación, en particular, porque si partimos de un informe que hizo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en 2023, el 87,4% de las personas con discapacidad son desempleadas» y, «además, las personas que trabajan acceden a peores trabajos. Yo conozco el caso de un cartonero de la 11-14 al que le falta un brazo, el tipo trabaja igual. Entonces, la pregunta no es si las personas con discapacidad van a trabajar o no sino en qué condiciones se les permite trabajar», expresa Ezequiel Desmery.

Por otra parte, el Gobierno Nacional dio marcha atrás en las últimas horas en tildar de «idiotas», «imbéciles» y «débiles mentales» a quienes tienen alguna discapacidad cognitiva o intelectual. «Lo que se buscó es complicar el acceso a las pensiones por discapacidad, que hayan menos personas que accedan, como sabemos que se están llevando adelante auditorías a las personas con discapacidad. Se les manda una carta al domicilio y se les dice que si no se presentan frente a una junta médica, se les va a quitar el beneficio. Algo absolutamente fuera de lugar, ¿no? Porque no tiene ningún parámetro de accesibilidad a las cartas y lo que se busca hacer es que la persona se asuste, piense que le están denunciando porque, además, las cartas hablan de una causa penal. Es muy grave lo que está pasando», responde el joven activista. «Se decía que si tenías un coeficiente entre 0 y 30 calificás como idiota, 30 y 50 como imbécil, 50 y 60 débil mental profundo y así. Es algo completamente fuera de lugar. Son términos ofensivos y obsoletos, no son formas de calificar a la discapacidad, que no se usan hace 70 años, es un modelo completamente abandonado. Justamente, lo que buscamos es que se mejoren en ese sentido, pero hay algo importante que no quiero dejar de mencionar que es que se dio marcha atrás solamente con la forma de referirse a las personas con discapacidad intelectual. Sí, la dificultad de acceso de la pensión no contributiva sigue estando y lo van a seguir dificultando».

Finalmente, Desmery detalla que «en la Argentina hay entre 10% y 15% de personas con discapacidad y los beneficiarios de una pensión son 1,2 millones de personas. Además, déjame decir que el monto es muy bajo, son 260.000 pesos», y «cada vez se complica más acceder a una pensión, hay personas que iniciaron el trámite en 2023 y todavía no tienen respuesta, les piden más documentos, más papeles y lo que se logra también es desalentar que las personas con discapacidad puedan tener un trabajo».