Desde el próximo año Chile permitirá la gratuidad educativa y se integrará a la lista de países inclusivos que posibilitan el acceso al aprendizaje y formación universitario.
Así lo dispuso la aprobación del Congreso a la iniciativa que lideró la presidente Michelle Bachelet luego de una lucha que se extiende por décadas, tras la sanción de la Ley Corta. «Van a ser 30 universidades, estatales y privadas, las que se van a sumar a esta iniciativa, y alrededor de 178.000 estudiantes son los que van a estudiar gratis a partir del próximo año», expresó la mandataria.
«Ahora vemos la gratuidad en la educación superior como un derecho», declaró y aseguró que gracias a la normativa «vamos a lograr iniciar la gratuidad universitaria el año próximo».
Al respecto de las gestiones y el camino recorrido por los estudiantes chilenos, Bachelet afirmó que «hacer estos cambios no ha sido fácil. Ha habido resistencia y dificultades, pero gracias al diálogo y la colaboración han permitido que hoy día reconozcamos la importancia de ampliar los derechos de la educación y avanzar en las posibilidades de lograr educación gratis y de calidad en la educación superior para todos nuestros jóvenes».
Asimismo, vale aclarar que la aprobación de la ley contó con 92 votos a favor, una abstención y dos senadores que se posicionaron en contra del proyecto. «Hemos cumplido el compromiso que adquirimos con los estudiantes y con las familias chilenas y hemos transformado la educación en un derecho», anunció la Presidente.
Quien también se pronunció sobre el tema fue Adriana Delpiano, ministra de Educación del país trasandino, quien dijo que se trata de «un gran paso en un camino en el que esperamos seguir avanzando para que más estudiantes puedan acceder a la educación gratuita», ya que la Ley Corta apunta, principalmente, a los sectores más vulnerables de la población.
Pero no todo es color de rosas en relación a este tema, ya que el 10 de diciembre el Tribunal Constitucional había anunciado que se oponía al proyecto porque recortaba la cantidad de potenciales estudiantes para acceder a la enseñanza universitaria sin aranceles ni costos económicos directos, causado por el desaceleramiento de la economía chilena.
Además, esta iniciativa no contempla a la educación técnica ni a los centros de formación profesional debido a que estas instituciones persiguen fines de lucro.
En cuanto a la situación actual, previa a los cambios propuestos para 2016, se estima que un estudiante debe pagar, en promedio, unos 6.000 dólares anuales para acceder a la universidad, por eso desde el Banco Mundial alertaron sobre «la manera en que está construido el sistema universitario chileno», ya que «le permite a los bancos acumular una rentable cartera libre de riesgo cargándole al mismo un segmento de alto costo y cobrando primas exageradas», que se calcula en aproximadamente 15 años para que los estudiantes salden los créditos emitidos por las entidades financieras.
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