Trabajadoras y organizaciones vinculadas al Refugio Mariquita Sánchez denunciaron el desalojo «abrupto» del espacio por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), bajo la gestión de Jorge Macri. Según expresaron, la medida fue ejecutada el miércoles 13 de mayo sin instancias de diálogo previas y sin garantizar condiciones adecuadas para las personas alojadas.
El refugio brinda alojamiento a puertas cerradas a mujeres y personas que atraviesan situaciones de violencia de género o trata de personas junto a sus hijas e hijos, cuando existe riesgo inminente para su integridad física o psicológica. Además, ofrece asistencia psicológica individual orientada al acompañamiento y al fortalecimiento de nuevos modelos vinculares.
El dispositivo se caracteriza por funcionar con domicilio reservado y bajo estrictas condiciones de confidencialidad para proteger a las familias alojadas. Actualmente depende de la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia -ex Dirección General de la Mujer- del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño.
De acuerdo con el comunicado difundido por trabajadoras y acompañantes del espacio, la decisión oficial fue presentada como una «relocalización por necesidades de Gabinete». Sin embargo, denuncian que las residentes tanto como el personal fueron notificadas de manera intempestiva sobre el desalojo y, posteriormente, trasladadas de forma compulsiva a otra locación.
Las denunciantes sostienen que el nuevo espacio no reúne las condiciones necesarias de habitabilidad ni de protección exigidas por la Ley N°26.485.
Entre los principales cuestionamientos, señalan la «vulneración de derechos adquiridos» debido al reemplazo de la función específica de la Unidad Convivencial por un dispositivo orientado a asistir situaciones de calle. Según indican, esta modificación «desatiende la problemática de las violencias por motivos de género» y expone a las víctimas a mayores niveles de vulnerabilidad.
Asimismo, denuncian condiciones de hacinamiento y falta de privacidad en la nueva sede. Aseguran que las dimensiones del espacio resultan insuficientes para garantizar la intimidad y dignidad de las mujeres y sus hijas e hijos, además de dificultar las tareas de acompañamiento y asistencia profesional.
Otro de los puntos señalados es la existencia de violencia institucional. En el documento sostienen que trasladar a personas víctimas de violencia sin un protocolo claro y sin contemplar su bienestar emocional implica una revictimización y una vulneración directa de derechos fundamentales.
Frente a esta situación, exigen la suspensión inmediata de la medida y el restablecimiento de condiciones adecuadas para el funcionamiento del Refugio Mariquita Sánchez. «Seguimos acompañando aunque nos muevan. No dejamos de creer que todxs tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Nos mudan, no nos callan», expresaron en el cierre del comunicado.
Foto: Andrea Conde.
Prolífica. Insobornable ante la adversidad. Campesina colombiana de nacimiento y citadina por elección. En proceso de formación periodística y humana. Siempre apoyando las luchas justas. Partir de cero implica arriesgarse, decidir, seguir, avanzar y saber que se puede más.
