Siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia psicológica o física y se reportaron 642 feminicidios en Ecuador desde 2014. Después de una visita al país, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, exhortó a eliminar las barreras que perpetúan los desafíos de género que enfrentan las ecuatorianas, como los recortes presupuestarios y la criminalización del aborto.

Hay una serie de obstáculos para que la Ley Orgánica sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador sea plenamente operativa, concluyó la experta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos después de concluir su misión al país.

«Si el gobierno da prioridad a la implementación de la nueva ley, y al desarrollo de un Plan Nacional de Acción para erradicar la violencia contra todas las mujeres, y asigna el presupuesto necesario, estoy convencida de que Ecuador podría hacer avances significativos en el futuro cercano para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas del país», expresó en un comunicado el 10 de diciembre para la ONU.

Redefinir el aborto para cambiar el fututro

«El alto nivel de violencia sexual y violaciones, incluso contra niñas y adolescentes en las escuelas y entornos educativos, pero también en el hogar, es de particular preocupación. La definición de violación en el código penal debe cambiarse y estar basada en la ausencia de consentimiento y no en el uso de la fuerza, ya que este requisito impide que los perpetradores sean llevados ante la justicia, mientras que la prescriptibilidad para denunciar una violación debe enmendarse para permitir el inicio eficiente de los procesos penales una vez que la víctima haya cumplido la mayoría de edad», aseguró la experta.

Ecuador tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, a menudo como resultado de violación o incesto, así como de un sistema de justicia penal que prohíbe el aborto terapéutico con interpretaciones excesivamente restrictivas del derecho a la vida y las exenciones de salud.

250 presas por abortar

La relatora especial también pidió a Ecuador liberar a unas 250 mujeres que presuntamente se encuentran detenidas debido a acusaciones de aborto. «Esto es contrario a los estándares internacionales y debe abordarse con urgencia», manifestó Šimonović.

Durante su misión de once días, se reunió con el vicepresidente del país, funcionarios gubernamentales de alto rango, el presidente de la Asamblea Nacional y representantes de sus comisiones parlamentarias, la Corte Constitucional, organizaciones internacionales, agencias de desarrollo y con varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base. También se reunió con el gobernador del Azuay y con actores relevantes en las ciudades de Cuenca, Huaquillas, Machala y Tulcán.

Vale mencionar que la relatora presentará el informe completo sobre su visita ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2020.

Faltan avances en derechos pese a la participación femenina

Šimonović reconoció que, pese a los desafíos, se lograron avances en la esfera política con una mayor participación de las mujeres en el parlamento, y mediante una nueva ley sobre paridad democrática.

«Se han conseguido avances en los ámbitos político y legislativo gracias a un mayor número de mujeres en la Asamblea legislativa y gracias a la adopción de algunas nuevas leyes alentadoras. Espero que podamos ver que las leyes de Ecuador lleguen a ser plenamente implementadas y armonizadas, por ejemplo, para asegurar que las mujeres pueden acceder a lugares de acogida y medidas de protección cuando las necesiten, al igual que acelerar la adopción del nuevo Código de Salud», dijo Dubravka Šimonović.

Un problema mundial

Al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe, aunque los datos reales podrían ser mucho más altos, ya que en algunos países solo se recopilan como feminicidios o femicidios los cometidos por la pareja o expareja de las víctimas, informó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En su última publicación sobre la medición del feminicidio, el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL advierte sobre el desafío de la comparabilidad del fenómeno a nivel regional. En la mayoría de los países del Caribe, donde se observa una ausencia de tipificación del femicidio en los códigos penales, solo se recopilan cifras sobre las muertes de mujeres cometidas por la pareja o expareja. En América Latina, los países difieren en la definición normativa del fenómeno, que va desde una expresión amplia del feminicidio a tipos penales que lo acotan al matrimonio y la convivencia. Esto se suma a la utilización de diferentes enfoques en la construcción de los registros de este delito.