El Salario Mínimo en manos del Gobierno

Este viernes, y ante un nuevo fracaso en las negociaciones entre sindicatos y empresarios, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) queda en manos del Gobierno Nacional.

La reunión virtual entre la Confederación General del Trabajo CGT), la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) con sus dos facciones y representantes del sector privado y el Ministerio de Capital Humano, con ausencia del titular de la Secretaría de Trabajo, no tuvo acuerdo para realizar una actualización de ingresos.

El motivo de la ruptura en las negociaciones fue la brecha entre lo solicitado por los gremios de llevar el salario mínimo a 911.202 pesos y la propuesta empresarial: de forma escalonada hasta llegar a 468.000 pesos en abril del año próximo). Es decir, casi la mitad, y realizar un ajuste mensual de 1,8% en septiembre y 1,7% entre octubre y abril de 2027. Cabe recordar que actualmente el SMVM es de $376.000 mensual y $1.883 por hora para jornalizados.

Además, para contextualizar sobre la situación en la que se encuentra el sector, desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia de la Nación, el poder adquisitivo cayó 40,5%, según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Una vez concluido el plenario, la CGT emitió un comunicado titulado «Sin diálogo real no hay acuerdo posible. El salario no puede ser un ingreso de pobreza» en el que, «con escasos argumentos, la parte empleadora estima siempre aumentos que hoy apenas alcanza para un kilo de pan. Y el Gobierno, en abierta coincidencia, viene avalando esa postura». Por lo tanto, se puede adelantar que la gestión libertaria que encabeza Milei establecerá las cifras cercanas a la propuesta privada.

Asimismo, «ante una discusión de tamaña trascendencia, reiteramos la necesidad de que las Comisiones de Empleo, Productividad, Formación Profesional y Salario -que conforman el SMVM- se reúnan y debatan de manera presencial», reclama el documento. «No existen ningún impedimento que justifique sostener la modalidad virtual cuando están en juego los ingresos de millones de trabajadoras y trabajadores», continúa el texto.

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