El gobierno que encabeza desde hace un año Javier Milei se jacta constantemente de combatir a la «casta», posicionarse contra la corrupción política y solicitar austeridad en la administración, con el lema «no hay plata» que anunció el presidente al inicio de su mandato.
De todas formas, los escándalos no le son esquivos a La Libertad Avanza y, sobre el final de 2024, se acumuló una serie de investigaciones y denuncias sobre funcionarios libertarios. Tales son los casos del ahora expulsado exsenador Edgardo Kueider, el el jefe del bloque PRO y diputado nacional Cristian Ritondo y, más recientemente, el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI). El primero fue detenido en Paraguay con 200.000 dólares en efectivo sin declarar, Ritondo trianguló con su esposa, Romina Aldana Diago, la adquisición de departamentos en Miami paraísos fiscales mediante y el titular de la DGI, Andrés Vázquez, compró propiedades en Florida, Estados Unidos, por casi 2 millones de dólares que no consignó en su declaración jurada e implica a sociedades offshore. Ritondo fue denunciado por Elisa Carrió ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) amplió esta denuncia. «Claramente, este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no solo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero, de origen incierto, aunque se tendrá que tener presente que su única actividad fue siempre a través de la función pública. Naturalmente, las declaraciones que haya presentado en el organismo recaudador ARCA (ex AFIP) permitirán una conclusión más certera al respecto», detalló Frade.
Por su parte, Andrés Edgardo Vázquez está obligado por la Ley de Ética Pública de Argentina a presentar ante la Oficina Anticorrupción los documentos que constatan su patrimonio e ingresos, y su no cumplimiento puede ser delito de omisión maliciosa.
Además, cabe destacar que hace 20 años Vázquez fue investigado junto a su hermana por la compra de inmuebles por medio millón de dólares. En ese entonces, el funcionario ya integraba las filas de la entidad tributaria. En 2022, la Justicia (más precisamente, el juez Ariel Lijo) sobreseyó al contador público por dicha causa y Milei lo nombró máximo responsable de la DGI este año. Desde hace varios años, Vázquez lidera compañías con sede en las Islas Vírgenes Británicas que figuran en la filtración de documentos denominado «Pandora Papers» del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). «Es un tema del pasado y está sobreseído. No hay nada que se tenga que explicar más allá de eso», se excusó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en referencia al caso iniciado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En las propias filas de LLA hay disidencias en la posición pública, ya que el diputado Carlos D’Alessandro expresó que «si es cierto, debería dar un paso al costado». «Un funcionario que asume un cargo tiene que saber que está bajo la lupa, y si es funcionario de este Gobierno tiene que estar limpio, porque si no somos más de lo mismo», porque «se viene un proceso electoral en 2025 y es un buen momento para que La Libertad Avanza llene sus listas con personas que no tengan que dar explicaciones después que sean designados candidatos», advirtió el legislador.
