La semana pasada Patricia Bullrich dejó el cargo de ministra de Seguridad y se convirtió en senadora nacional por La Libertad Avanza. 10 años después de haber asumido en la cartera (bajo el mandato de Mauricio Macri), ocupa nuevamente una banca.
A priori, solo se trata de una más de los varios políticos que cambian sus puestos tras las Elecciones Legislativas en octubre de este año. Sin embargo, la salida de «La Piba» merece un apartado: deja un saldo de 2.557 personas heridas (184 periodistas) desde la implementación del Protocolo Antipiquetes el 15 de diciembre de 2023. En enero próximo se cumplirá un año desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió al Gobierno Nacional sobre las implicancias de esta iniciativa (Resolución 943/2023) y, en mayo de 2025, volvieron a emitir un alerta sobre la vulneración del derechos a manifestarse.
Por otra parte, entre los balances de la gestión libertaria se enumera la destrucción de más de 40.000 puestos de trabajo registrados en estos dos primeros años de gobierno, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque la cifra aumenta exponencialmente si tomamos en consideración la Cuenta de Generación de Ingreso del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que incluye a los trabajadores no registrados (comúnmente denominados «en negro») y no asalariados. Esta ronda los 126.000 empleos perdidos y, en el mismo evento -el seminario ProPymes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires- en el que empresarios aplaudieron en su ponencia a Bullrich, aseguraron que no serán reubicados.
Precisamente, desde el Gobierno Nacional ratifican que será Patricia Bullrich la responsable del avance y sanción de la reforma laboral en el Congreso. Coincidencia o no, es la misma representante que durante la gestión de la Alianza reemplazó en el cargo a Alberto Flamarique por el escándalo de la «Ley Banelco» y las coimas en el Senado, una reforma del mismo tipo que se impulsó bajo el mandato de Fernando de la Rúa. «Pato» fue responsable directa del aumento de casi el doble del índice de desocupación y, además de eliminar Asignaciones Familiares, entre otros beneficios, descontó hasta 13% sueldos y jubilaciones.
Al respecto del balance de gestión en el Ministerio de Seguridad de la Nación, diferentes organismos alertaron sobre el accionar de la senadora desde que se aprobó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación. Entre estos se destaca Amnistía Internacional, desde donde se advirtió «un grave deterioro de la libertad de expresión y reunión, y reclama su inconstitucionalidad». «La violencia estatal no solo aumentó: hoy es naturalizada. Los datos son irrefutables y sus efectos también: su aplicación opera como un mecanismo de intimidación y disciplinamiento destinado a desalentar y silenciar la participación social», amplió Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Asimismo, «los datos muestran un incremento exponencial de la represión de un año a otro. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y, al menos, 165 personas detenidas. En todo 2024, el mismo organismo había registrado 1.216 personas heridas y 93 personas detenidas durante manifestaciones. Esto implica un aumento del 77% en la cantidad de detenciones, la mayoría de ellas arbitrarias, sin pruebas suficientes y con liberaciones inmediatas», detallaron desde Amnistía, y «se registraron además cuatro casos de impactos de balas de goma en el ojo, que derivaron en pérdidas oculares permanentes. Entre los más graves, el 12 de marzo de 2025 Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de arma cinética por parte de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre de 2025, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció la pérdida de su ojo izquierdo como consecuencia de un disparo de bala de goma recibido en esa misma manifestación, en las inmediaciones del Congreso de la Nación».
Finalmente, también en noviembre el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) manifestó una «seria preocupación por el Protocolo Antipiquetes y otras normas de uso de la fuerza. Señaló la falta de claridad sobre su activación y límites, denunció lesiones graves causadas por balas de goma, gases y carros hidrantes, y reclamó investigaciones independientes. El Comité instó al Estado argentino a adecuar su normativa a los estándares internacionales».
Soy comunicador visual y social. Hace más de 30 años descubrí la magia de la radio y, desde entonces, la disfruto tanto como escribir, como una simple charla, un buen vino o el fútbol. Profe de Análisis Crítico de los Medios y de Marketing Digital. Empezar de cero es volver a ponerle el máximo de energía y entusiasmo a cada proyecto o desafío.
