“La universidad pública esto…”, “la universidad pública aquello…”. Cada vez que se habla educación superior la mirada recae sobre la universidad pública, dejando de lado a las instituciones privadas, actores fundamentales que reciben con brazos abiertos a los desertores de la “educación igualitaria”. El problema de la enseñanza no está presente solo en el ámbito público, la educación privada también tiene lo suyo, pero pocos hablan de ello. Hagámoslo entonces.

A las universidades privadas las restricciones sanitarias les vinieron como anillo al dedo. Migraron sus actividades hacia la virtualidad sin mayores inconvenientes visibles, por lo menos para sus clientes. Pero puertas adentro, el sacudón se siente y profundiza la crisis eterna que venimos atravesando: un ciclo decadente que se retroalimenta con cualquier excusa.

La educación superior privada es un negocio, y como tal, detrás de eslóganes grandilocuentes ofrece a cambio la sola posibilidad de brindar clases todos los días. Este es el punto de partida del ovillo: hay que tener un profesor o profesora por aula para cada materia en cada carrera de todas las facultades que integran el entramado de una sola universidad.

En orden de sostener el interés comercial, los fines desvirtúan la meta. Se impone el reclutamiento a como de lugar. No se privilegia la idoneidad ni las credenciales del docente sino su disponibilidad horaria. Aparecen así los trabajadores de la educación, personas de buena fe que encuentran en la universidad su única fuente de ingresos. ¿Qué acompañamiento pueden dar a los alumnos estas figuras que no conocen los vaivenes del campo laboral de la disciplina que enseñan?

Estos trabajadores necesitan garantías para sostener sus puestos y los gremios son los guardianes de sus derechos. Los gremios docentes son estructuras obsoletas, completamente escindidas de la realidad y profundamente ideologizadas. No vi jamás al gremio al que pertenezco levantar una sola bandera clamando por mejorar la calidad de la educación. Raro, porque si vamos a exigir tenemos que estar seguros del valor del capital simbólico que representamos y defendemos.

Mientras tanto, las autoridades hacen la plancha

Las condiciones de contratación no se atienen a la Ley de Trabajo: el que no se presenta a dar clase no cobra esas horas, al que hace treinta años que enseña no se le reconoce su antigüedad y al que construye una carrera en el campo profesional fuera del claustro no le abren la puerta para concursar y crecer también como docente. Dedocracia, condicionamiento, sumisión. Así funciona. ¿Y los gremios? ¿Y la excelencia académica?

Los estudiantes son rehenes de este aluvión centrípeto que tan caro les sale. ¿Sabías que el valor de una cuota promedio duplica el ingreso de un titular de cátedra en una universidad privada prestigiosa de medio pelo? Aún así, en tiempos de virtualidad, a los docentes se les exige que dispongan de las condiciones tecnológicas óptimas que les permitan estar al frente de una clase: smartphone, muchos megas de wifi, micrófono, auriculares, una computadora veloz, etcétera.

Las universidades desfilan vía streaming “las nuevas ropas del emperador”. Un traje fenomenal que visibiliza la miopía de las instituciones, la dificultad de algunos profesores para manejar dispositivos electrónicos y navegar de forma dinámica las plataformas educativas, la falta bibliografía original en formato digital y la reducción del número de integrantes de cátedra, muchos de ellos muy valiosos; en definitiva, su verdadero negocio.

Abro entonces un nuevo interrogante: ¿no deberíamos poner la lupa también sobre las universidades privadas y discutir el papel que desempeñan en la formación de futuros profesionales?

Artículo elaborado especialmente para puntocero por Mariana Cabrera.