La noticia se conoció a la medianoche y causó conmoción en la política argentina. El vicepresidente Amado Boudou fue procesado en la llamada causa Ciccone. La medida fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, quien lo acusó de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles”. El magistrado, además, imputó a Alejandro Vanderbroele, José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner (solo por negociaciones incompatibles) y al yerno de Ciccone: Guillermo Reinwick (solo por cohecho).

Lijo procesó a Ciccone, dueño de la imprenta, y a Reinwick por ceder el 70% de las acciones de la compañía a Boudou a cambio del levantamiento de la quiebra de la empresa, la aprobación de un plan de pagos de la AFIP y la futura contratación de la imprenta por parte del Estado. En el caso de Vanderbroele, el juez consideró que fue un testaferro que actuó por órdenes de Boudou y Núñez Carmona. Pese a que no hay hechos concretos que muestren que el vicepresidente conociera a Vanderbroele, Lijo sostuvo que la relación quedó demostrada a partir de la existencia de socios en común en algunas sociedades, el negocio del cobro de la comisión a la provincia de Formosa por la renegociación de la deuda, cruces telefónicos y los pasajes aéreos que pagó The Old Fund para allegados al vicepresidente.

Los seis implicados están con “procesamiento sin prisión preventiva”, pero traba embargo sobre los bienes y/o dinero del nombrado hasta cubrir la suma de 200.000 pesos”.

Tanto Boudou como Núñez Carmona y Vanderbroele están acusados de “cohecho pasivo en concurso ideal”, en tanto a Ciccone y a Reinwick les cabe el cargo de “cohecho activo”. Respecto de Resnick Brenner, el cargo es solamente por “negociaciones incompatibles”. En los casos de Núñez Carmona, Vanderbroele, Ciccone, Reinwick y Resnik Brenner, Lijo resolvió que “no podrán ausentarse del país sin la debida autorización del Tribunal”.

Boudou, quien se encuentra en Cuba en gira oficial, había pedido ampliar su declaración indagatoria por medio de una presentación de sus abogados -Diego Pirota, Eduardo Durañona y Déborah Lichtman- que habían tomado la representación del vicepresidente y consideraban que necesitaban tiempo para analizar el caso. Además, los abogados señalaron que mientras Lijo aceptó postergar la citación del exjefe de gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri, quien argumentó que no podía viajar por sus compromisos como representante argentino en el Banco Mundial, la decisión respecto de Boudou ya estaba tomada con anterioridad. El vicepresidente señaló que quería ampliar su declaración “a fin de relatar algunas cuestiones que resultarán de interés para la investigación”. Pirota le había manifestado al juez que Boudou recién podía volver a declarar el viernes 4 de julio, ya que hasta esa fecha se encontraría en el exterior en actividades oficiales.

En la resolución, el juez explicó de esta manera el hecho imputado: “Amado Boudou, junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vanderbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública. En este sentido, Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición y, junto a Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP- y César Guido Forcieri -jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda”.

Lijo mencionó en su resolución que en otros procesos de expropiación llevados adelante por el Estado Nacional, como ser YPF, los ferrocarriles y Aerolíneas Argentinas, se alegó un interés público para salvar a empresas que fueron estatizadas, pero que en el caso de Ciccone quedó en manos privadas. También tomó como prueba que el Ministerio de Economía suspendiera una licitación para modernizar la Casa de Moneda, lo que favorecería a la imprenta en cuestión.

Boudou ya había entrado en la historia al ser el primer vicepresidente en ejercicio en ser citado a declarar en una causa judicial. Ahora es el primero en ser procesado.

Cohecho y negociaciones incompatibles

De acuerdo a lo señalado en el Código Penal, quien sea condenado por el delito de cohecho (coima) “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.
Por el lado de las negociaciones incompatibles con la función pública, el texto del Código Penal indica que quien incurra en este delito “será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo”.

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