Luego de la investigación que se abrió en torno a la complicidad argentina por el envío de armamento para el Golpe de Estado que derrocó a Evo Morales de la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el asesinato de civiles durante los sucesos ocurridos en el periodo que tuvo a Jeanine Áñez al mando de un Gobierno de Facto.

«La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas», expresa el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) perteneciente a la CIDH, entregado al presidente Luis Arce en un acto en el Banco Central. «En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas», detalló en la presentación Patricia Tappatá, representante del GIEI.

«Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH», afirmó Tappatá sobre los acontecimientos ocurridos en Senkata y Sacaba, donde «particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados» e interpeló a que «quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas».

Asimismo, la referente del organismo afirmó que los hechos de violencia «fueron precedidos por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento». Además, recordó que «la violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas y los responsables sancionados».

Próximos pasos

«Este informe debe servir para que lo sucedido en nuestra amada paria no se repita nunca más en nuestro país ni en ningún otro país de la región, ni en ninguna parte del mundo”, expresó el Presidente. “Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, manifestó Arce al recibir el informe este martes 17 de agosto.

Al respecto, el mandatario aseguró que hubo “graves violaciones a los derechos humanos” y se «perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales» en el lapso en que Áñez asumió el poder institucional boliviano.

Finalmente, Luis Arce se comprometió con la CIDH con la creación de «una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral» y «siguiendo la sugerencia, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión paralela al Estado”.

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