El 2022 en materia política finalizó con escándalo cuando se filtraron chats entre representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Poder Judicial. En los mismos se detallaban encuentros de jueces, directivos del Grupo Clarín y figuras públicas pertenecientes a Juntos por el Cambio en los que pergeñaron la manipulación de información, tráfico de influencias y acuerdos de gestiones y ocultamiento de pruebas, entre otros temas, organizados y planificados en viajes en conjunto cubiertos por terceros a Lago Escondido. La difusión, de los mismos de manera oportuna por el Gobierno Nacional y previamente a la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad, lejos de amedrentar a la Justicia, sumaron «leña al fuego».
Apenas iniciado el año, el presidente Alberto Fernández impulsó un juicio político con la firma de una docena de gobernadores provinciales a ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) por «mal desempeño en sus funciones», además de otros nombres que conforman la entidad a causa de «algunos hechos con distintos grados de responsabilidad». Al mismo tiempo, exhortaron al bloque oficialista para acelerar el proceso en el Congreso.
Coincidentemente con el escándalo judicial, el implicado ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, solicitó licencia temporal de su cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). En los chats filtrados, D’Alessandro dialoga y recibe directrices de Silvio Robles, colaborador del presidente de la CSJ, Horacio Rosatti. Además, está directamente relacionado con casos de corrupción y sobreprecios en el servicio de acarreo y grúas en la capital.
El documento publicado este martes contiene la rúbrica de Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes «decidieron impulsar el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reitera en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional» y «respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal: Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti».
Finalmente, el texto añade que, «en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes».
