A pesar de la recomendación de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la Corte Suprema de Justicia rechazó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, el tribunal dio luz verde a las subas de la tarifa eléctrica en la mayor provincia argentina al dejar sin efecto la cautelar de la Cámara. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz resolvieron que la causa vuelva, por fallas procesales, al juzgado platense del juez Luis Arias.
La cautelar había hecho lugar al reclamo de los diputados del Frente para la Victoria Walter Abarca y Evangelina Ramírez, la Defensoría del Pueblo provincial, el Partido Justicialista y el Club Social y Deportivo 12 de Octubre. En su resolución, la Corte señaló que los denunciantes «carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica» en el ámbito de la provincia.
De esta forma, los jueces argumentaron que quienes iniciaron la causa no tienen la facultad de actuar en representación de los usuarios del servicio de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires.
En lo que hace a la institución deportiva, el tribunal precisó que, aunque no alega representar a la totalidad de los usuarios bonaerenses, y por lo tanto no los puede representar, la Corte resolvió que se reenvíen las actuaciones al juez de primera instancia para que constate si el club «representa a alguna categoría de clubes de barrio o de pueblo».
Finalmente, la Corte indicó respecto del secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, que su mandato en realidad culminó el 25 de febrero de 2015 y lo ocupa de forma interina. «El cargo se halla en la condición de vacancia definitiva», sostiene el fallo, y añade que el funcionario «no se encuentra habilitado para poner en ejercicio las atribuciones que corresponden a dicha Autoridad Provincial».
El pedido de Gils Carbó
Con anterioridad al fallo de la Corte, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen en el que sostenía que había que confirmar lo decidido por la Cámara Federal en el sentido de suspender los incrementos tarifarios eléctricos en la provincia. Uno de los puntos clave fue la falta de realización de audiencias para fijar el nuevo esquema tarifario.
Además, la funcionaria había señalado que se debe prestar atención al carácter provisorio de la medida cautelar, con vigencia por un lapso de tres meses, y las presentaciones efectuadas por diferentes organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados, que tramitan en diferentes expedientes relacionados con los tarifazos.
De esta manera, Gils Carbó había señalado que ni el Estado Nacional ni el Ente Nacional de Regulación Energética (ENRE) «proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores». En consecuencia, consideró que es necesario confirmar la decisión de la Cámara platense, al entender que «se encuentran reunidos los presupuestos para suspender cautelarmente las mencionadas resoluciones en tanto fueron adoptadas sin la previa celebración de una audiencia pública».
«No puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales», había manifestado la funcionaria.
