Desde su dictado por parte del presidente Mauricio Macri, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la extinción de dominio generó polémica. Y su primer paso por el Congreso le resultó desfavorable. La oposición, que reclama que se presente un proyecto de ley para esa cuestión, se pronunció en contra en la reunión de la Comisión Bicameral de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
La votación del dictamen de rechazo fue muy ajustada y requirió la manifestación del presidente de la Comisión, Marcos Cleri (Frente para la Victoria). En contra se pronunciaron, además del titular de la Comisión, los senadores Teresa González (PJ), Daniel Lovera (PJ-La Pampa), Guillermo Snopek (PJ) y Anabel Fernández Sagasti (FpV); y los diputados Juan José Bahillo (PJ), Cristina del Valle Fiore Viñuales (Renovador de Salta) y Eduardo «Wado» De Pedro (FpV), que reemplazó a Máximo Kirchner porque estuvo ausente.
A favor del decreto votaron los senadores de Cambiemos: Luis Naidenoff, Silvia Giacoppo y Pedro Braillard Poccard, así como los diputados Pablo Tonelli, Luis Petri, Ezequiel Fernández Lagan, Martín Hernández y Alejandro García, que reemplazó a Fernando Iglesias.
Al no obtener respaldo de la Comisión y ser rechazado definitivamente, la mayoría de las dos cámaras del Congreso deben manifestarse en contra. Es importante mencionar que nunca ocurrió algo así en la historia argentina.
El decreto presidencial buscaba acelerar la recuperación de los bienes en las causas de corrupción, trata de personas y narcotráfico, entre otros delitos. Desde el kirchnerismo se produjo una cerrada negativa a esta iniciativa, mientras que en algunos de los bloques aliados como el de Argentina Federal la postura fue a favor de una norma de estas características, aunque se remarcó la necesidad de que se haga por medio de una ley.
Luego del rechazo, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Luis Petri (Cambiemos) cuestionó a la oposición por no respaldar el decreto y lo consideró una «casi confesión del kirchnerismo respecto de lo que ocurrió en la década» que gobernó. «Pasó lo que no queríamos que pasara, porque nos hubiera gustado que parte de la oposición nos acompañara, y creo que fue casi una confesión de parte del kirchnerismo respecto de lo que ocurrió en la década que gobernó», agregó el legislador.
Igualmente, Petri subrayó que el DNU para perder vigencia «debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso» y esto sería «un mensaje muy grave», ya que se trataría del «único decreto volteado que busca, nada menos, que recuperar los bienes de la corrupción».
Asimismo, el diputado macrista Pablo Tonelli justificó la «urgencia» en el dictado porque el Congreso «estaba en receso» en enero. Respecto de la extinción de dominio, dijo que es «una acción civil independiente de la acción penal, a través de los tribunales federales en lo civil y comercial y con la creación de una procuraduría especializada», que invierte la carga de la prueba (que el sospechado debe justificar) para recuperar bienes y dinero de delitos penales. También sostuvo que el DNU está en concordancia con compromisos asumidos por la Argentina con organismos internacionales y criticó la demora parlamentaria para avanzar con el debate de una ley de extinción de dominio.
Desde la oposición y al momento de argumentar su voto, Fiore Viñuales criticó el intento de «avasallamiento» al Parlamento y sostuvo la inexistencia de un estado de «necesidad» y «urgencia», ya que el proyecto de extinción de dominio fue aprobado el 22 de agosto por el Senado, aunque con marcadas modificaciones al texto original de Diputados y respecto del decreto presidencial, y aún mantiene el estado parlamentario. Desde el bloque de Argentina Federal se especula con pedir que este proyecto modificado en la Cámara Alta se trate sobre tablas. Diputados puede aceptar esas modificaciones o insistir con el texto original.
Al respecto, la senadora afirmó: «Hay que tener cuidado con los precedentes porque lo que hoy nos beneficia mañana puede perjudicarnos. El poder no es eterno», y agregó que «lo que beneficia a todos los argentinos es el cumplimiento de la Constitución. La cuestión de fondo no viene al caso». Sobre el DNU de extinción de dominio, precisó que «no es una acción civil descolgada, hay una íntima relación entre la acción civil y el proceso penal. Por más que se lo llame de otra manera no quiere decir que no tenga naturaleza penal».
El senador Daniel Lovera, del interbloque Argentina Federal, cuestionó al Gobierno porque «con este tipo de acciones no deja de sorprendernos» e indicó que dos de los tres DNU cuestionados, y que fueron tratados en la reunión de Comisión, se inmiscuyen en facultades del Poder Legislativo. El diputado destacó que comparte con el oficialismo la intención de recuperar bienes y dinero producto de «mafias y delitos de corrupción» aunque aclaró que el decreto de extinción de dominio «es inconstitucional» porque el Ejecutivo «no puede regular en materia penal, directa o indirectamente» a través de decretos.
