Una masacre que no se olvida

En febrero del año 2000, unos 450 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se tomaron el corregimiento en los Montes de María, una subregión del Caribe colombiano ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, un punto estratégico disputado con la guerrilla para el tráfico de drogas. En una jornada de terror de 3 días, 61 personas fueron masacradas en El Salado. Niños, adultos mayores y mujeres fueron parte del botín de guerra. La mayoría de la población huyó y hoy los sobrevivientes tratan de reconstruir su vida cerca de sus muertos. 20 años después de ese febrero de horror, se desayunan con la noticia de que ahora sus súplicas por reparación, justicia y paz serán recibidas por el hijo de su verdugo. El coordinador de Víctimas del Ministerio del Interior, Jorge Rodrigo Tovar, es hijo de Rodrigo Tovar Pupo (alias «Jorge 40»), jefe de las AUC. A sus 59 años, pasa sus días en una celda de Estados Unidos donde cumple una pena por tráfico de drogas. Además, se presume que obtendrá la libertad este año.

El Salado no olvida

Una de las más sanguinarias masacres registradas en Colombia fue el «Salado», perpetrada por hombres al mando de «Jorge 40» y Salvatore Mancuso. No es el único delito del que culpan a «Jorge 40» y las víctimas de los horrores de la guerra esperan reparación y justicia. Hoy el país, paralizado por una pandemia, no comprende la decisión de tomar en un cargo tan decisivo para la paz una persona sin experiencia en conflicto y tan cercano a las partes. Ante la controversia desatada en medios de comunicación, Alicia Arango, ministra del Interior, aclaró que Tovar hijo no era director sino coordinador del grupo de víctimas del Ministerio. «Independientemente de eso, soy una convencida de que los delitos de sangre no se heredan. Esas personas a las que les tocó vivir ciertas dificultades por tener padres que no han actuado con la ley, y les toca el triple de duro para ser parte de una sociedad que los aleja sin ningún motivo distinto a ese. Ese muchacho ya estaba aquí cuando llegué al Ministerio y le estamos dando la oportunidad porque es una persona que está convencida de la reconciliación y ha luchado desde que nació para quitarse un estigma de encima que no le pertenece», explicó Arango.

Un estigma conveniente

Precisamente, el que señala la ministra es el mismo que sufrió Gustavo Petro, excandidato para la presidencia de Colombia. Su pasado como exmilitante de la extinta guerrilla M-19 le bastó para perder la presidencia. El fundador del partido político Colombia Humana fue candidato para la presidencia de Colombia en 2010 y 2018. Sin embargo, parece que se olvida lo que conviene.

El nombramiento de Tovar en el cargo se hizo hace una semana y generó opiniones controvertidas en el campo político, pues algunos criticaron la decisión del Ministerio del Interior de nombrar al hijo del exparamilitar que aún no paga sus delitos y solo fue juzgado en Estados Unidos en un cargo de esa magnitud.

Rodrigo Tovar Pupo, quien cumple una condena por narcotráfico a 16 años y seis meses de prisión en la cárcel de Allenwood Low, Estados Unidos, fue extraditado en mayo del 2008 y, de acuerdo con el Buró Federal de Prisiones, recuperará la libertad por pena cumplida el próximo 9 de junio.

Por ahora, el nombramiento sigue en curso y la opinión pública hace poco énfasis en la inminente llegada de «Jorge 40» a Colombia o preguntan a las víctimas si luego de 20 años sintieron que sus violaciones y dolores fueron reparados. Olvidados por el Estado siempre ausente, ahora el lobo cuida de las ovejas.