Miles de personas se manifestaron este lunes en distintas ciudades del país, con su foco principal frente al Congreso Nacional para reclamar por el derecho al aborto legal, con los característicos pañuelos verdes y una fuerte campaña en redes bajo el hashtag #AbortoLegalYa.

El proyecto de ley

La CNDA (Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito) desarrolló un proyecto que propone desde hace doce años. El aborto, en algunos casos, ya es legal en nuestro país. Esos casos se dan cuando hay riesgo en la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. Pero lo que se busca es ampliar esas causales y proponer que la mujer no tenga que dar motivos ni al sistema de salud ni a ninguna institución respecto de si quiere decidir sobre su propio cuerpo en las primeras 14 semanas de gestación. Actualmente el Código Penal establece en su artículo número 88 que “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare” será reprimida con penas de uno a cuatro años, con las excepciones ya mencionadas.

La consigna

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” refiere a un sistema de educación sexual integral que hoy no se aplica de forma contundente y responsable. Y, fundamentalmente, a la intervención del Estado asumiendo que la problemática completa es una cuestión de salud pública y no debe estar sujeta a cuestiones ideológicas, morales o a la presión de una institución como la Iglesia.

Las cifras

Los pilares de las estadísticas se dividen, por un lado, en los números que reflejan la práctica del aborto en cantidad y, por otro, a la diferencia porcentual de las condiciones en las que se practica según la clase social.

En Argentina, según el Ministerio de Salud, se realizan unos 480 mil abortos por año, con 100 muertes anuales como resultado. Y sobre estos números se despliegan factores que representan el sesgo de clase sobre esta práctica. Las mujeres que pueden acceder a participación médica (es decir, a un aborto seguro) son en la clase alta de un 80%, en los sectores de clase media en un 60% y las mujeres de clase baja solo en un 20%. Además, otro dato que contribuye a esta diferencia de clase es sobre el Misoprostol, un método de aborto con pastillas no muy difundido, y es que incrementó su costo desde el 2014 hasta la actualidad en un 519%.

Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos.

El caso Uruguay

Nuestro país vecino adelanta un paso en esta cuestión de salud pública y es el reflejo más cercano que tenemos para comprobar los resultados de la despenalización del aborto.

Desde el 2012 que es legal la interrupción voluntaria del embarazo en el país, y es un hecho que las políticas de aborto seguro y de salud sexual y reproductiva redujeron la tasa de mortalidad.

En Uruguay el aborto pasó de causar el 37,5 de muertes maternas en el período 2001-2005 a solo el 8,1 por ciento entre 2011-2015.

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