Luego del aval del Senado, comenzaron los allanamientos en tres propiedades de Cristina Fernández de Kirchner: un departamento en Recoleta, su casa en Río Gallegos y la residencia en El Calafate. El primero se localiza en la Ciudad de Buenos Aires y los últimos en la provincia de Santa Cruz.

En el departamento porteño el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, denunció que fue echado del allanamiento por orden del juez Claudio Bonadío. El letrado señaló que, aunque él abrió la puerta del departamento, debió retirarse al poco tiempo. “El juez dio la instrucción directa para sacarme del domicilio y hacer lo que les parezca. Están ellos solos para hacer cualquier tipo de ilegalidad”, dijo Beraldi, quien pedirá la nulidad de los procedimientos y solicitará al Consejo de la Magistratura el juicio político del magistrado por mal desempeño en sus funciones.

En este operativo el magistrado solicitó que se analice, revise y tenga en cuenta todo aquello que “es relevante para la causa”. Esta es en la que se investigan posibles sobornos por 200 millones de dólares, “fondos ilegales” que exfuncionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal recaudaban cobrando a empresas de la construcción y del sector energético.

Revisión completa

Perros especializados de rastreo de dinero registraron la vivienda. Fuentes judiciales explicaron que se revisaron “todas las paredes, se tomaron medidas para ver si hay obras o cambios estructurales”. Además, se analizaron los espacios del departamento para constatar la distribución y comparar con las declaraciones de los imputados, quienes describieron dónde estaban las valijas, cómo se organizaba todo en la vivienda. Los efectivos de la Policía Federal permanecieron en el departamento durante más de nueve horas.

En Río Gallegos, el allanamiento tuvo comienzo dos horas después que en Recoleta y durante tres horas unos diez miembros de la Policía Federal realizaron la actividad junto con perros detectores de droga y billetes. Los encargados de recibir a los uniformados fueron el diputado provincial Matías Bezi, cercano a Máximo Kirchner, y el abogado Daniel Cabezas. Al igual que en Recoleta, se buscaban comprobar los dichos de varios testigos sobre espacios físicos, estructuras y posibles lugares de almacenamiento, ya que estas propiedades fueron señaladas en la causa de los cuadernos de las supuestas coimas como los lugares de destino de los bolsos con dinero ilegal.

“Militantes de Cambiemos”

Los cuestionamientos por parte de Beraldi fueron que los dos testigos convocados para presenciar el operativo eran “militantes de Cambiemos, cercanos al senador Eduardo Costa”. El abogado añadió que Cristina Kirchner tiene una fotografía que los vincula.

El allanamiento más esperado fue el de la casa que la expresidente tiene en El Calafate. Allí se secuestró la camioneta de Cristina Kirchner por presuntas “irregularidades”. En esta vivienda se habría encontrado una bóveda que contenía pendrives y CD’s con carpetas que contendrían información sobre los jueces federales Claudio Bonadío y Sandra Arroyo Salgado, y también de dirigentes políticos. Vehículos de alta gama que fueron secuestrados en los allanamientos que se hicieron hasta el momento en el marco de la causa. Los investigadores, si bien no dieron precisiones, señalaron que la camioneta tendría un pedido de secuestro que tiene origen en otra causa.

“Pruebas falsas”

Tras los allanamientos, la senadora y sus abogados cuestionaron los procedimientos y manifestaron que se secuestró material que no está relacionado y nada tiene que ver con la causa de presuntas coimas en la obra pública y que la información sobre bóvedas y carpetas con documentación es falsa. Cristina Fernández de Kirchner también denunció que durante las requisas en Recoleta se dejaron sustancias tóxicas que afectaron al personal de limpieza, motivo por el cual la exmandataria no regresó a su residencia.

Asimismo, Beraldi reiteró sus críticas porque se le impidió participar de los allanamientos y denunció que fue una violación a las disposiciones constitucionales. También sostuvo que el allanamiento en la propiedad de El Calafate “fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana”. “Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”, remarcó.

El magistrado indicó, además, que “no se está preservando la cadena de custodia de las cosas que están siendo requisadas durante el allanamiento” en la vivienda de los Kirchner en El Calafate. “El procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez. En cada interrupción, el domicilio queda bajo la disposición discrecional de la fuerza policial destacada por el magistrado, sin que se pueda tener supervisión alguna sobre ellos”, expresó.

Por otra parte, Beraldi afirmó que desconoce “quién entra o sale de la casa” durante la noche “y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa”. Finalmente, el abogado criticó que el juez Bonadío haya divulgado un informe sobre los avances en los allanamientos y en la causa, ya que el juez “anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita. Es decir, que sería la cuarta asociación ilícita de la cual mi representada resultaría ser siempre la jefa”.

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