Este martes 23 de abril se conmemoró el Día Internacional del Libro, que tuvo una «celebración» un tanto particular en nuestro país: más de medio millón de personas en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente hacia Plaza de Mayo y el Congreso, y otros miles en distintas localidades de Argentina marcharon contra el ajuste del Gobierno Nacional sobre la Educación Pública.
Principalmente conformadas por jóvenes y estudiantes, las multitudinarias columnas se manifestaron contra las políticas implementadas por la administración de Javier Milei que desfinanciaron las universidades e instituciones educativos en los casi 5 meses de gestión. La situación es grave y no es ningún secreto que no hay presupuesto que alcance para continuar con la actividad en el segundo semestre del año.
La consigna, a tono con los participantes y en conmemoración con la fecha, fue la de llevar un libro en la mano y alzarlo, a modo de protesta pacífica y a su vez contundente en defensa de una educación pública, gratuita, federal y de calidad en todo el territorio nacional.
Asimismo, se montó un escenario en Plaza de Mayo en el que el ganador del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, alertó sobre la gravedad del estado actual en el que se encuentra la ciudadanía, y pidió por un juicio político al Presidente. Además, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elaboraron un documento que se leyó a los presentes, titulado «La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social».
Este texto advierte que «la universidad pública argentina atraviesa un periodo crítico producido como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional. Agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo y convocamos a la ciudadanía a trabajar para mantener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, de la producción y de los lazos sociales. Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento: la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las Universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes» y alerta que «llega a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022», considerando que se mantuvo sin actualizaciones y con una inflación que erosionó el poder adquisitivo de sus trabajadoras y trabajadores hasta 50% según salarios. Además, «el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar la infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad» y «las políticas de becas son fundamentales para democratizar, sin embargo, su recorte es alarmante: tanto así, que al retraso respecto de la inflación que sufren las Becas Progresar y Manuel Belgrano se le suman recortes en términos de montos, requisitos y periodo de inscripción».
Como consecuencia, enuncia el comunicado, «se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».
«Hoy, desde el Gobierno, nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen sus arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública, ya que la investigación es uno de sus pilares». En sintonía, el documento expresa que «es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en I+D+I. Aquí se fabricó uno de los diez reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto de América Latina» y “gracias a la investigación aeroespacial en la universidad pública, Argentina es uno de los 10 países que tiene capacidad para diseñar y producir satélites. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho”. argumentan contra el desmantelamiento del sector por parte del Gobierno Nacional.
En conclusión, «la educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y, más aún, en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso de la universidad. Las y los estudiantes trabajan y cuidan sus familias». «Estas decisiones del Gobierno Nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy las universidades carecen del presupuesto suficiente para sostener becas propias. Se necesitan presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender sin claudicar el acceso a la educación a las grandes mayorías».
Finalmente, el texto remarca que «no queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad argentina; somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos, en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos, por el país que anhelamos». «Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y Universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología» y «queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permita a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla».
