El conflicto entre Argentina y Uruguay por la pastera UPM (ex Botnia) sigue afectando la relación bilateral. Tras la autorización dada a fines de 2013 por el gobierno de José Mujica para que la empresa incrementara la producción de pasta celulosa a 1.200.000 toneladas al año, esta semana Montevideo decidió volver a permitir otra suba, esta vez a poco más de un millón trescientas mil toneladas.
Esta medida fue calificada de “inconsulta” por la cancillería, por lo cual su titular Héctor Timerman anunció la intención argentina de concurrir por segunda vez al Tribunal Internacional de La Haya. Este organismo ya había participado en la disputa y había fallado en el sentido de permitir el funcionamiento de la pastera aunque su tarea debería estar sujeta a controles y acuerdos bilaterales que, en palabras del canciller argentino, no se estarían cumpliendo.
“En el día de ayer el gobierno argentino tomó conocimiento a través de una nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, que su gobierno ha autorizado hace seis días en forma definitiva aumentó la producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales -señaló la Cancillería en una carta enviada a la capital uruguaya y que se dio a conocer a los medios-. Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno de la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay».
Además, se dijo que podrían analizarse “todas las políticas de relacionamiento bilateral” si Montevideo no anula este incremento. Timerman manifestó que esta decisión del gobierno uruguayo “confirma la ruptura unilateral” del Estatuto del Río Uruguay al desconocer los “mecanismos de información y consulta previa” que allí se establecen. El tratado, firmado en 1975, “se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria” por Montevideo, señaló el canciller argentino, la misma argumentación sostenida por Argentina al denunciar a Uruguay en La Haya por la instalación de la pastera.
“El gobierno argentino reclama por mi intermedio que el gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas”, se indica en el texto de la misiva y se remarca que ya hubo intimaciones similares en octubre y noviembre de 2013 cuando Mujica autorizó un primer aumento de la producción de Botnia. Por tanto, “el gobierno argentino ha decidido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010″.
Asimismo, se menciona la posibilidad por parte del gobierno argentino de “reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales”, lo cual pondría a las relaciones entre Argentina y Uruguay en su punto “más tenso” tras el levantamiento de los bloqueos fronterizos en 2010. Todo indica que si no hay una marcha atrás por parte de Uruguay en este incremento de la producción y dejarlos en los valores vigentes en septiembre de 2013, la controversia volverá a estar en las manos del tribunal de La Haya para llegar a una solución. El canciller oriental, Luis Almagro, señaló que la respuesta a la queja argentina, “será formal y por nota”.
Del otro lado del río
Desde Montevideo se informó que la autorización para incrementar la producción de UPM era conocida en Argentina y, en ese sentido, el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, señaló que en Buenos Aires “estaban al tanto de la intención del gobierno de permitir un nuevo incremento de la producción” y calificó de “impredecible” la actitud argentina. “La autorización concedida previamente era una parte de lo que se había acordado. Sabemos que hemos tenido dificultades y no solo por este tipo de cosas, también por decisiones argentinas que terminan afectando directa o indirectamente los intereses de los uruguayos”, afirmó Astori, quien añadió que «con Argentina tenemos dificultades por este y por otros temas”. Por su parte, el gobernador de Entre Ríos (provincia situada frente a la instalación de la papelera), Sergio Urribarri, señaló que la actitud uruguaya es “desconcertante” y “revela su escasa voluntad para encauzar la relación binacional por el camino de la fraternidad y la convivencia”.
Además el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente uruguayo, Francisco Beltrame, afirmó que su país “cumple las normativas nacionales e internacionales y que ya se había notificado al gobierno argentino sobre la decisión uruguaya respecto al aumento de producción”.
La empresa UPM, por medio de un comunicado en la sede central en Finlandia, expresó que «la planta de UPM Fray Bentos ha cumplido con todas las exigencias impuestas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por lo que fue autorizada a aumentar su producción a los niveles solicitados en el año 2011».
Los mandatarios y los asambleístas
Los presidentes de Uruguay y Argentina (José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente) participaron este fin de semana de la cumbre del G-77+China que se realizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, aunque no está previsto un encuentro bilateral para dialogar sobre esta cuestión.
Un grupo que tiene amplia participación en esta disputa es el de los asambleístas de Gualeguaychú que participaron activamente en las protestas y efectuaron cortes en el puente que une esta ciudad entrerriana con la uruguaya de Fray Bentos. Tras conocerse el permiso uruguayo los activistas expresaron que la administración de Mujica sacó partido del hecho que «la gente está distraída con el Mundial» para tomar esta medida y criticaron al gobierno argentino por no impedirlo. Jorge Fritzler, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, señaló que el pedido de aumento se hizo en octubre y en esa oportunidad «el gobierno salió a decir que se iba a oponer y tomar medidas» para que «tuvieran un efecto político favorable», ya que se iban a celebrar las elecciones legislativas. Sin embargo, remarcó que las medidas «no se tomaron» y. por lo tanto, Uruguay aprovechó «ahora que la gente está distraída con el Mundial y autorizaron una mayor producción de UPM».
Fritzler señaló que los asambleístas llevan adelante una querella contra la pastera en el juzgado federal, pero dijo que «se hace muy difícil continuar porque no hay voluntad del Gobierno de hacer algo, ya que ni siquiera fueron notificados los directivos de Botnia para que sean citados a declarar».
Al respecto, manifestó que «se culpa al gobierno uruguayo de que nunca los notificó pero esta gente se vuelve a Finlandia desde Ezeiza, por eso acá podrían hacer el trámite para que comparezcan. El pedido se dio a conocer antes de la campaña de las elecciones del año pasado, cuando Uruguay hizo un amague de autorizar el aumento de la producción, pero desde el gobierno argentino salieron a decir que estaban en contra e incluso aseguraron que iban a ir a la Corte Internacional de La Haya», aseguró.
Finalmente, los integrantes de la asamblea ecologista indicaron que no descartan volver a efectuar piquetes para cortar el tránsito en el puente como forma de protesta. Otro miembro del grupo, Martín Alazard, señaló que «esto es una bofetada más que recibimos y no sé con qué cara va a contestar ahora el gobierno argentino, qué argumento van a esgrimir, porque la vez anterior nuestro canciller dijo que de ninguna manera se iba permitir un aumento de producción, y después tanto él como el gobernador de Entre Ríos se borraron».
Las palabras van y vienen, la pastera sigue funcionando. La Haya ya la autorizó una vez y la disputa puede volver a quedar en su terreno.
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