Este miércoles el Senado español debate la nueva Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales en la que, de aprobarse, va a permitir a los partidos políticos rastrear información personal y monitorear opiniones políticas en diversas redes sociales con el fin de sumar bases de datos con perfiles ideológicos para campañas y difusión de propaganda… todo sin consentimiento previo.

De esta manera, la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dará luz verde al acceso a datos privados durante los periodos de campañas. Al respecto, Jorge García, abogado y delegado de Protección de Datos, asegura que es un riesgo “dejar las manos libres a unas organizaciones con los máximos incentivos para utilizar cuantos medios tengan a su alcance para conseguir su objetivo: ganar elecciones y conseguir poder”.

Recordemos que hace tan solo una semana el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Justicia del Senado y las aproximadamente 30 enmiendas técnicas contra la iniciativa fueron rechazadas.

Golpe al panóptico

La ironía del caso es que esta normativa fue impulsada, precisamente, contra el uso de datos personales con otros fines que no fueran los manifiestamente expresados al momento del consentimiento del usuario. Entre los argumentos se manifiesta que por esencia la ley intenta adaptarse al ordenamiento del nuevo reglamento europeo, con el objetivo de garantizar mayor protección de la privacidad.

De todas formas, no todo es negativo, ya que entre otros puntos, se incluye la desconexión virtual laboral para evitar las cargas horarias extras en la actividad profesional que se realice fuera del horario de trabajo. No será permitido el envío de mensajes o mails durante el tiempo libre de un trabajador o trabajadora. Otra disposición concierne a la intimidad en el ámbito laboral con limitación de videocámaras y dispositivos de audio y la prohibición en áreas de descanso, comedores y espacios similares o relacionados al ocio de sus trabajadoras y trabajadores. Se limita la geolocalización en aquellos casos en que las tareas que se desempeñan están vinculadas al transporte.

Derecho al olvido

Además, se incorporan una serie de ítems relacionados con el testamento digital, para garantizar que familiares de un fallecido puedan cancelar cuentas personas en redes sociales.

También se incluye el “derecho al olvido” en internet si los datos son inadecuados, no pertinentes o excesivos. Otro factor es la “neutralidad” de navegación indistinta si se paga o no por el uso de la red de redes.

Finalmente, en cuanto a la edad mínima de consentimiento para el uso de redes sociales se mantiene en 14 años de edad y se establece el derecho a la seguridad y confidencialidad de comunicaciones electrónicas para la protección de menores y posibles víctimas de violencia machista. Asimismo, se incluye una disposición adicional para atender peticiones de acceso a archivos en investigaciones policiales o judiciales que incluye a eclesiásticos, para facilitar el acceso a la información.

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