El aborto no punible no es apología del aborto. Y da la sensación de que en ciertos sectores y agrupaciones lo entienden así, cuando permitir que una mujer interrumpa un embarazo no es promoverlo, sino dejar de penar. Siempre podrán o podremos juzgar desde lo civil y la moral. Nadie nos quita esa libertad, e incorporar un derecho no implica hacer uso del mismo. Se trata de no castigarlo jurídicamente.
Si planteamos el problema en términos de “pro -vida”, respeto o amor a la vida, se desplaza el eje de la discusión a un nivel donde prácticamente no hay argumentación posible, dado el valor supremo de la vida. Sin ella no hay discusión, ni embarazo posible, sin vida no tenemos nada. Por eso resulta ingenioso que aquellos que se oponen a la legalidad de la interrupción del embarazo generen este tipo de discursos al cual luego muchas personas adhieren.
Si se entiende que los derechos contrapuestos son los de la persona por nacer y la madre, no cabría duda acerca de la defensa de aquel que ni siquiera tiene voz. El Código Civil Argentino reconoce la existencia desde el momento de la concepción en el seno materno. Pero esta idea es una convención, lo cual se ilustra con el caso español, donde la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida y una vez producido el desprendimiento del seno materno.
El hecho social precede al derecho y los abortos clandestinos existen. Son la primera causa de fallecimiento en los embarazos. La mortalidad materna en Argentina es más alta que en otros países latinoamericanos: 40 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en Chile la tasa es de 19,8 y Uruguay de 15,0 (datos de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer). Los casos contemplados en el Código Penal son escasos y muchas veces resultan insuficientes. Además, no parece justo que una mujer que atravesó una situación traumática o de violencia deba rogar (en un modo metafórico) para poder elegir acerca de la continuación de su embarazo.
Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, anunció el primer aborto legal: se trata de una mujer de 32 años que fue violada y fue víctima de una red de trata. Finalmente, su situación quedó a la deriva de los vaivenes burocráticos cuando el aborto fue frenado por orden de la jueza Myriam Rustán de Estrada, quien dio lugar a un recurso presentado por una organización que se denomina ultra católica. Ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se practique el aborto. El abogado de la víctima dijo “Se hizo justicia, primó el sentido común”.
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