La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizará un paro de actividades que implica la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura y todas las divisiones de ascenso.
El motivo de la decisión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tomada este lunes se debe a «la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la AFA» el próximo jueves 5 de marzo, precisamente cuando comienza la jornada de la máxima categoría.
Al respecto del pedido de la Justicia para que Claudio «Chiqui» Tapia (presidente) y Pablo Toviggino (tesorero) respondan por la denuncia realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desde la entidad madre del fútbol aseguraron que «no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad».
Asimismo, «el pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes», detallaron en un comunicado.
La denuncia de ARCA argumenta que AFA retuvo luego de 30 días desde la fecha de vencimiento más de 19.000 millones de pesos por impuestos y contribuciones patronales por más de un año, que luego la asociación afirma haber saldado con ente recaudador. Si se comprueba que era un organismo solvente para cumplir con los pagos a término se trata de un delito.
De todas formas, aunque inicialmente la Justicia le había prohibido salir del país, Tapia fue autorizado a viajar a Colombia y Brasil -y regresar antes del 5 de marzo- por el juez en lo Penal Económico N°5, Diego Amarante, aunque con requisitos estrictos y una caución por 5 millones de pesos.
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