Chile reforma

En una medida destinada a aliviar la complicada situación social en el país, el gobierno de Sebastián Piñera y el Congreso chileno acordaron convocar a un plebiscito para definir si se modifica la Constitución de ese país. La consulta se haría en abril de 2020.

Las opciones para llevar adelante los cambios en la carta magna podrían ser por medio de una Asamblea Constituyente con todos sus miembros elegidos para tal cometido o un sistema mixto con mitad de electos y mitad de integrantes del actual Parlamento. En cualquiera de estas alternativas, la elección de los constituyentes se realizaría en sería en octubre del próximo año en las próximas elecciones municipales. Igualmente, un texto modificado de la Constitución debe ser ratificado posteriormente en un plebiscito obligatorio. Las deliberaciones para modificar la carta magna podrán extenderse por un año.

«Es una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad», señaló el presidente del Senado, Jaime Quintana, del opositor Partido por la Democracia (centro izquierda). Por su parte, el oficialista Francisco Chahuan precisó que el proceso de cambio «implica un quórum de dos tercios para todas las medidas que ahí se planteen y además con un plebiscito ratificatorio». «O sea, vamos a tener dos plebiscitos, uno de entrada y otro de salida con la posibilidad de, si es que se resuelve modificar la Constitución, con una fecha para la elección de los constituyentes», añadió y reclamó que el acuerdo incluya «un firme rechazo a la violencia» y a «sacar adelante los proyectos de seguridad pública».

Quintana también señaló que «esta respuesta que están dando todos los partidos que nos acompañan es una muestra que busca señalar el camino de profundización democrática, una salida pacífica a la crisis y de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada».

Inicialmente, desde el gobierno se buscó que los actuales legisladores redacten el nuevo texto y que luego sea ratificado en referéndum. Posteriormente, la coalición gobernante Chile Vamos presentó una nueva propuesta de realizar una Convención Constituyente integrada en partes iguales por los actuales diputados y otros electos.

La Constitución de Pinochet

La actual Carta Magna chilena fue aprobada en 1980, mediante un cuestionado referéndum hecha en plena dictadura de Augusto Pinochet. Las principales críticas al acto estuvieron relacionadas con la falta de registros electorales y la posibilidad de voto múltiple. Sin embargo, las demandas fueron rechazadas y en octubre de ese año fue promulgada la Constitución.
El origen de esta Carta Magna es uno de los argumentos de quienes sostienen que hay que cambiarla. «La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo», señala Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Cabe aclarar que la Constitución chilena fue objeto de dos grandes reformas en 1989 y en 2005. En la primera oportunidad se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que implicaba que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas. En 2005, durante la presidencia de Ricardo Lagos, se eliminó la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, «lo que de alguna manera le restaba su dimensión democrática a la composición política de la Cámara del Senado», explica Aranda.

La principal característica que se cuestiona es el establecimiento del Estado en un papel secundario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las jubilaciones, que hicieron factible que esos servicios fueran transferidos a manos privadas.

De todas formas, Aranda sostiene que «en 2005 ya quedó purgada de los enclaves autoritarios» aunque «no deja de ser la Constitución que fue preparada por el régimen militar y, por la tanto, en ese contexto, para una parte muy importante de la sociedad chilena tendría una ilegitimidad de origen».

Otra de las cuestiones que se busca cambiar es que la Constitución es «muy rígida» ya que, para modificarla, son necesarias mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.

Miriam Henríquez Viñas, profesora de Derecho Constitucional y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, considera que en la Carta Magna se mantienen «lo que se llaman enclaves autoritarios, es decir, hay ciertas normas que hacen prácticamente imposible, sino muy dificultoso, reformar ciertas disposiciones». «Entonces prácticamente se ha generado una suerte de congelamiento de asuntos como derecho a la seguridad social, libertad de enseñanza, que son justamente los derechos sociales que hoy se demandan», precisa. En este aspecto, Aranda coincide en que la función social está «infra representada» en la Constitución, que le otorga solo «funciones en lo que es resguardo del orden público, seguridad, defensa, garantía de justicia, etcétera».

«Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos», explica Henríquez, quien subraya que la Constitución «fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo». «Hay una desconfianza que está presente en la Constitución de la posibilidad de que el pueblo pueda tomar decisiones razonables por sí mismo» y, según la constitucionalista, esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos como, por el ejemplo, el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna.