Colombia tiene con qué brindar

Unas fiestas de fin de año con avances concretos por la paz. Así despide Colombia el 2022, en el marco de las negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), iniciadas a fines de noviembre en Caracas.

El pasado lunes 19 de diciembre, el ELN anunció un alto al fuego unilateral por Navidad y Año Nuevo, que se extenderá hasta el 2 de enero de 2023, y que aplica a las fuerzas policiales y militares, reservándose el derecho a la defensa en caso de un ataque por parte de paramilitares.

Esta noticia ocurre unas semanas después de concretarse otro acuerdo entre ambos actores, a principios de este mes, por el cual se inició el proceso de retorno de la comunidad indígena Embera a su lugar originario, el Municipio de Murindó, en el Departamento de Antioquia, de donde tuvieron que huir años atrás ante los horrores del conflicto armado. Se trata de un caso de desplazamiento forzado de los millones que ocurrieron en Colombia durante décadas. Según un informe publicado en mayo último por el Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia, se produjeron más de 8,2 millones de víctimas de desplazamiento forzado en todo el país entre 1985 y el 31 de diciembre de 2021.

Otra cifra que grafica la magnitud del horror del conflicto armado que atraviesa la historia colombiana es la cifra de muertes, que fue actualizada en agosto de este año por el Centro Nacional de Memoria Histórica: son más de 269.000, contabilizadas desde 1958 hasta el 30 de junio de 2022. Cabe destacar que este periodo temporal no comprende los diez años que van desde el estallido del Bogotazo, en abril de 1948 tras el magnicidio de Jorge Gaitán, hasta las elecciones presidenciales de 1958, una década que es conocida como «La Violencia».

Si bien en el pasado el ELN ya decretó otros ceses unilaterales, hay elementos para creer que se abrió un avance que promete ser sostenido en un sendero que desemboque en la paz definitiva con esta guerrilla, así como ocurriera en 2016 con las FARC. Al haber, desde agosto pasado, un interlocutor en el Estado cuya percepción sobre las causas y las potenciales soluciones del conflicto es ciertamente distinta a la de presidentes anteriores (especialmente Uribe y Duque), sin dudas, el contexto se muestra propicio en este sentido. Quedó atrás la narrativa por la cual los insurgentes eran sencillamente calificados de «terroristas que debían rendirse» y la mención o abordaje a las raíces profundas que originaron el conflicto, vinculadas a la miseria en la que vivieron históricamente los campesinos en Colombia, eran inexistentes.

Petro propuso el denominado Pacto por la Paz Total, que implica un aumento de la participación ciudadana para asentar la paz en los territorios, una ampliación de las garantías jurídicas para quienes decidan deponer las armas y acogerse al acuerdo, y el avance en el desmantelamiento de los grupos paramilitares, entre otros elementos. Es una promesa que proviene de la campaña conjunta con Francia Márquez, actual vicepresidenta y abogada afro defensora de los Derechos Humanos, en la candidatura por el llamado Pacto Histórico.

No obstante, es importante resaltar que para el Gobierno la paz es un proceso que se construye no solamente con el proceso de negociaciones en curso entre las partes sino con la implementación de políticas públicas destinadas a comenzar a resolver las graves desigualdades socioeconómicas que caracterizan al país.

En ese sentido, el Presidente avanzó en una reforma tributaria, ya aprobada parlamentariamente, que crea una sobretasa en el impuesto a las empresas petroleras y carboníferas, herramienta con la que recaudará aproximadamente 4.200 millones de dólares que serán destinados a programas sociales de salud, educación y combate a la pobreza y el hambre. También impulsó una reforma agraria, que está en tratamiento, y que contempla entre otros asuntos la compra por parte del Estado de aproximadamente 3 millones de hectáreas, actualmente en propiedad de la Federación de Ganaderos de Colombia, que serán destinadas al reparto de comunidades campesinas.

No habrá paz estable y definitiva sin que la totalidad de los actores depongan las armas y sin que se avance por parte del Estado en la reducción de las desigualdades en Colombia. Así lo entiende el nuevo gobierno.