Esta semana se sometió a tratamiento una modificación al Código Civil que avalaría que los acusados de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar mantengan la custodia de sus hijos e hijas hasta que sean declarados culpables por un tribunal de primera instancia. En consecuencia, en Grecia diversos grupos de la sociedad civil y agrupaciones feministas se manifestaron en rechazo de este proyecto de ley.
Es importante destacar que los procesos judiciales son extensos, pueden durar hasta cinco años, de modo que esta ley brindaría a los potenciales victimarios acceso y cercanía a sus víctimas por un tiempo prolongado.
Respecto a este tema, se manifestó Esther Major, asesora general de Amnistía Internacional, quien dijo: «Es una amarga ironía que Grecia esté considerando la posibilidad de aprobar esta enmienda tan solo unos días después de que el mundo haya conmemorado el décimo aniversario del Convenio de Estambul, el tratado internacional pionero sobre la prevención y lucha de la violencia contra las mujeres”.
De esta manera, especialmente las mujeres migrantes y refugiadas son quienes se verían especialmente perjudicadas, ya que en el contexto actual, ante la falta de dinero y servicios de interpretación, no pueden acceder a la Justicia.
Para finalizar, Major fue categórica: “La disposición propuesta violaría las obligaciones contraídas por Grecia en virtud del Convenio de Estambul, que obliga a los Estados Partes a tomar medidas para garantizar que los derechos de custodia y visita no ponen en peligro los derechos y la seguridad de quienes han sobrevivido a la violencia intrafamiliar y los niños y niñas que han sido testigos o víctimas de ella”.
