Luego de la grave crisis que atravesó la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia en 2025, el nuevo año trajo un apaciguamiento, al menos provisorio, de las tensiones entre ambos gobiernos.
El pasado martes, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su par Gustavo Petro, en un encuentro que ambos jefes de Estado calificaron de positivo y que destacaron por su buena sintonía, pese a no haber habido anuncios concretos. «Tuvimos una muy buena reunión», afirmó Trump en diálogo con la prensa en el Despacho Oval durante un evento posterior. «Creo que fue fantástico. (…) Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía para nada», añadió.
Por su parte, Petro sostuvo que «nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes (…) se pueden encontrar». «No hay necesidad de boxear», aseguró y explicó que durante el encuentro «hablamos de problemas concretos y caminos conjuntos». «Él no cambió de forma de pensar, yo tampoco, pero un pacto no es entre hermanos gemelos, un pacto es entre contradictores que pueden encontrar caminos», planteó el mandatario colombiano.
Los agravios de Trump contra Petro fueron una constante desde su retorno a la Casa Blanca. Aún está fresca la reciente amenaza que le dirigió el magnate ultraderechista pocas horas después del bombardeo de Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro del 3 de enero, en medio de la conmoción global, cuando el jefe de Estado norteamericano dijo que le «sonaba bien» realizar una intervención similar en Colombia y que Petro era un «hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos”. El hostigamiento viene de hace tiempo. En marzo de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, aseguró que Petro consideraba a miembros del Tren de Aragua (organización criminal catalogada como terrorista por Estados Unidos) como «sus amigos», en un intento nada ingenuo de asociar al presidente colombiano con la narco criminalidad.
Posteriormente, en septiembre, el gobierno de Trump anunció que revocaría la visa de Petro para entrar en Estados Unidos, medida que posteriormente fue anulada. Además, en octubre Petro fue incluido en la lista gubernamental de Nacionales Especialmente Designados (SDN), a cargo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, «por su papel en el comercio mundial ilícito de drogas».
También las sanciones comerciales, una de las principales armas de negociación y extorsión utilizadas por la administración trumpista a nivel global, fueron uno de los principales aspectos de la conflictividad de la relación bilateral durante el año pasado: en octubre, el mandatario estadounidense ordenó imponer aranceles sobre los principales productos de la canasta exportadora colombiana, medida que finalmente decidió suspender. Sin embargo, pese al catálogo de agravios mencionado, Trump demostró en reiteradas ocasiones que puede borrar con el codo lo que escribe con la mano, y que su capacidad pragmática desafía cualquier límite conocido hasta el momento. Por esa razón, no debe sorprender este giro de 180° en su relación con el jefe de Estado colombiano, quien transita sus últimos meses al frente de la Casa de Nariño.
Al respecto, 2026 no será un año más para Colombia. El país andino celebrará elecciones presidenciales y legislativas el próximo 31 de mayo, en las que más de 41 millones de colombianos están habilitados para sufragar y decidir al reemplazante de Petro, presidente de Izquierda en la historia colombiana, quien se encuentra constitucionalmente impedido para candidatearse en búsqueda de su reelección. Por el oficialismo, el senador Ivan Cepeda será quien busque retener el gobierno para el Pacto Histórico, frente que llevó al actual mandatario colombiano al triunfo de 2022 ante Rodolfo Hernández.
Recientemente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló la inscripción de Cepeda para participar de la consulta presidencial interpartidaria del 8 de marzo dentro del denominado «Frente por la Vida». «Contra el Pacto Histórico y sus candidatos se está cometiendo el delito de impedir su participación electoral; pero no nos vamos a cruzar de brazos ni a soportar esta violación de nuestros derechos. Que no quede ninguna duda: nuestra consulta el 8 de marzo es votar solamente por las listas del Senado y Cámara y luego votar por mí el 31 de mayo para ser elegido en primera vuelta», afirmó Cepeda luego de conocerse la polémica decisión del CNE.
En la vereda de la oposición conservadora, a falta de cuatro meses de los comicios, aparece una figura disputando palmo a palmo con el Gobierno. Se trata del outsider ultraderechista Abelardo de la Espriella, un abogado conocido por su firma De La Espriella Lawyers y por su oposición furibunda a la gestión de Petro. Sus propuestas «de shock» incluyen despidos masivos en el Estado, recortes impositivos y bombardeos en campamentos de guerrilleros, que matiza con otras iniciativas como el plan denominado «Matemos al hambre». «A mí no me asusta nada», lanzó recientemente en forma amenazante durante una entrevista radial. Según la encuesta elaborada por Atlas Intel para la revista conservadora Semana, en este momento el escenario electoral es de empate técnico, con un 32,1% para De la Espriella y un 31,4% para Cepeda. A priori, se trata de un panorama de creciente polarización, con las preferencias concentradas en los dos candidatos mencionados, y un lote de dirigentes relegados y aparentemente sin aspiraciones, que incluye a Sergio Fajardo (7,6%), Paloma Valencia (3,8%) y Claudia López (3,7%), entre otros, además de un 7,7% de indecisos y un 5,3% de voto en blanco.
El gobierno de Petro encara la recta final rumbo a las presidenciales con logros para mostrar, aunque también con problemas y dificultades que no logra solucionar. En términos económicos, el 2025 fue un gran año para Colombia, ya que experimentó uno de los mejores desempeños a nivel regional, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en torno al 3%, en el marco de un aumento del poder adquisitivo del salario mínimo, que fue criticado por los sectores más conservadores por haber generado presuntamente un rebrote inflacionario.
Sin embargo, los roces internos de la coalición, junto con problemas estructurales como los derivados del conflicto armado con grupos guerrilleros (especialmente el Ejército de Liberación Nacional -ELN- en la región del Catatumbo), son señales de alerta para el oficialismo, en un momento en que la imagen de Petro se recuperó: de acuerdo a la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada por la revista Cambio el domingo 25 de enero de 2026, el mandatario registró un 48,8% de imagen positiva y un 42,1% de imagen negativa. La contienda política que decidirá el futuro de Colombia se encuentra abierta y en disputa. El trayecto que resta hacia el cada vez más cercano 31 de mayo será decisivo.
