Este martes, Amnistía Internacional publicó un informe en el que alerta sobre el retroceso de los derechos humanos en todo el mundo.
«El mundo está al borde de una peligrosa nueva era impulsada por los ataques de poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos», alerta la organización. «Estados, organismos internacionales y la sociedad civil deben rechazar la política del apaciguamiento y resistirse de manera colectiva a estos ataques para impedir que este nuevo orden se imponga», advierte sobre el documento elaborado en base al análisis en 144 países.
«Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos depredadores decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y descarados chantajes económicos», expresó Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, que «lleva años denunciando la desintegración gradual de los derechos humanos en todas las partes del mundo, advirtiendo de las consecuencias de la flagrante vulneración de las normas por parte de gobiernos y actores empresariales. También hemos demostrado una y otra vez cómo los dobles raseros y el cumplimiento selectivo del derecho internacional han debilitado el sistema y la rendición de cuentas multilaterales».
Asimismo, Callamard advirtió que «la diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema. Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios».
«Una guerra abierta contra la población civil»
«El conflicto que se intensifica en Oriente Medio es resultado de esta deriva hacia la ilegalidad. Tras los primeros ataques ilegales de Israel y Estados Unidos, que violaban la Carta de la ONU y desencadenaron las represalias indiscriminadas de Irán, el conflicto se ha convertido rápidamente en una guerra abierta contra la población civil y las infraestructuras civiles, agudizando el sufrimiento, ya de por sí terrible, de la población de toda la región», denunció la referente. «Ahora se está extendiendo a países del mundo entero, impactando contra poblaciones de muchos lugares y amenazando los medios de vida de millones de personas. Es lo que pasa cuando las normas, el marco jurídico y las instituciones que con tanto esfuerzo se construyeron para salvaguardar la humanidad se eliminan con el objetivo de dominar», continuó.
Además, «el Informe Anual 2025 de Amnistía va más allá de la simple advertencia de un colapso inminente: documenta uno que ya está en marcha, y expone sus devastadoras consecuencias para los derechos humanos, la estabilidad global y las vidas de millones de personas en 2026 y en años venideros. Pide a los Estados de todo el mundo que rechacen urgentemente la política de apaciguamiento adoptada en 2025 y se resistan con palabras y actos a la construcción de un orden mundial depredador», detalló.
Al respecto de la situación actual en todo el globo, el informe advierte sobre la continuidad del genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, el apartheid llevado adelante por la administración que encabeza Benjamin Netanyahu y la aceleración de asentamientos ilegales sobre territorios ocupados. Por su parte, Estados Unidos realizó más de 150 ejecuciones extrajudiciales y bombardeos en el Caribe y Pacífico. Rusia intensificó los ataques aéreos sobre Ucrania, Myanmar llevó a cabo ofensivas con parapentes motorizados para arrojar bombas sobre población civil.
Asimismo, Emiratos Árabes Unidos apoyó con armamento en Sudán, que provocó el homicidio masivo de civiles y actos de violencia sexual. Ruanda también brindó ayuda en la República Democrática del Congo para la tortura y asesinato de ciudadanos del país africano. En Afganistán continuaron las política depredadoras contra las mujeres, que incluyen la exclusión de la educación, trabajo y libre circulación.
La actualidad argentina
«Las barreras para acceder al aborto aumentaron de manera alarmante. Persistían los elevados índices de femicidio y violencia de género y se recortaron los servicios de apoyo a las mujeres en los casos de violencia. Quienes ejercían el periodismo sufrían violencia en un contexto de reducción del espacio cívico. Se mantuvo la represión violenta como respuesta de las autoridades a las manifestaciones. El Gobierno impuso medidas severas de austeridad que afectaban especialmente a las personas de edad avanzada y personas con discapacidad. Las políticas enfocadas a la acción climática eran ‘sumamente insuficientes», detalla el documento al referirse a la situación en nuestro país.
«Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en junio, el 31,6% de la población vivía en situación de pobreza y, en septiembre, el índice de desempleo ascendía al 6,6%. El Gobierno retiró la candidatura del país al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el periodo 2026-2028. El Congreso de la Nación llevaba desde 2009 sin designar una persona titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación seguía estando integrada exclusivamente por hombres, y al final del año seguían sin cubrirse dos vacantes», argumenta.
Además, «en marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el desmantelamiento por parte del Gobierno del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. Tras haber logrado disminuir la tasa de fecundidad adolescente un 49% en los cuatro años anteriores, el plan presentaba en 2025 una reducción presupuestaria del 86% en términos reales (descontando el efecto de la inflación) respecto a 2023 una subejecución de más del 30% de los recursos disponibles. La compra y distribución por parte del Estado de insumos esenciales para garantizar el acceso al aborto llevaba interrumpida desde diciembre de 2023. Además, la
cantidad de anticonceptivos, incluidos los hormonales de emergencia, y pruebas de embarazo que se distribuían a las provincias se había reducido un 81% del 2023 al 2024. En 2025, Amnistía Internacional recibió casi el cuádruple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que en todo 2024, lo que podía reflejar un aumento de las barreras para acceder a este derecho», alerta Amnistía Internacional.
«Durante el primer semestre de 2025 se registró un femicidio cada 35 horas, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pese a la persistencia de este tipo de crímenes, en mayo se eliminaron 13 programas fundamentales para combatir la violencia de género, incluidos los destinados a brindar apoyo inmediato a mujeres en casos extremos de violencia», manifiesta el organismo, que incluyó en sus datos un incremento de 70% de crímenes de odio LGBT en el primer semestre del año pasado. «En el discurso que pronunció en enero ante el Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei asoció la homosexualidad con la pedofilia».
«El Ministerio de Seguridad Nacional, por medio del Decreto 383/2025 y sin la intervención del Congreso, facultó a la Policía Federal para vigilar a las personas en redes sociales, acceder a bases de datos estatales, realizar requisas y detener a personas con fines identificatorios hasta 10 horas, todo ello sin orden judicial», alerta la entidad.
Finalmente, sobre la situación global, Callamard denunció que «la inmensa mayoría de los Estados no han querido o no han podido denunciar sistemáticamente los actos depredadores de Estados Unidos, Rusia, Israel o China, ni buscar soluciones diplomáticas. La Unión Europea y la mayoría de los Estados de Europa han mantenido una actitud apaciguadora respecto a los ataques de Estados Unidos contra el derecho internacional y los mecanismos multilaterales. No han actuado con decisión para detener el genocidio de Israel ni para poner fin a las transferencias irresponsables de armas y tecnología que fomentan los crímenes de derecho internacional en todo el mundo. Tampoco han estado dispuestos a promulgar leyes de bloqueo para proteger a quienes el gobierno estadounidense había impuesto sanciones, incluidos jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI). Italia y Hungría declinaron detener a personas contra las que la CPI había dictado órdenes de detención y que se hallaban en su territorio, mientras que Alemania, Francia y Polonia dieron a entender que harían lo mismo». «No hay excusa para su silencio y su inacción», concluyó.
Soy comunicador visual y social. Hace más de 30 años descubrí la magia de la radio y, desde entonces, la disfruto como escribir, una stout o el fútbol. Profe de Análisis Crítico de los Medios, Marketing Digital, Medios Digitales y Gestión de Emprendimientos. Empezar de cero es volver a ponerle el máximo de energía y entusiasmo a cada proyecto o desafío.
