España dio otro paso hacia atrás. La democratización y derecho universal de acceso a la información se suma a la crisis que el país atraviesa en materia económica y social.
El Senado aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) por la cual el gobierno pretende regular las plataformas y contenidos de los portales de noticias, «agregadores», motores de búsqueda y redes sociales, al considerarlo un aprovechamiento desleal de la Propiedad Intelectual de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).
De esta manera, lo que pretende el Estado es instaurar un canon y tarifas fijas para quienes intenten subir artículos a la web que no sean de su autoría. Por eso, inmediatamente, sitios como Google News decidieron retirarse del mercado español que, dicho sea de paso, no ve con buenos ojos que se afecte su facturación, en una muestra por demás clara de que la información para este gigante es meramente un producto comercial. Además, esta iniciativa es un tiro de gracia a los medios más pequeños que se nutren de información de diversas fuentes. Y, obviamente, con esta ley única en el mundo no solo el gobierno de turno resulta beneficiado sino también las corporaciones mediáticas más importantes (entre otros, el Grupo PRISA, que posee El Huffington Post, Santillana, El País y Rolling Stone, por mencionar algunos medios).
Entre otras cuestiones, la norma no clarifica acerca de los «fragmentos no significativos de contenido» al imponer impuestos a quienes publiquen notas en sus sitios y tampoco quedan exceptuados los Creative Commons, es decir, los contenidos abiertos y libres para compartir de manera gratuita.
Al respecto, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte emitieron un comunicado en el que expresan «que, a pesar de la suspensión del servicio de Google News el acceso a la información en internet continúa garantizado. Se puede acceder a esta bien directamente en las webs de los medios de comunicación o como resultado de la indexación de la noticia por motores de búsqueda y en los demás agregadores de contenidos informativos».
Es evidente que en el país europeo hay que intentar recaudar y atrapar euros de la forma que sea para paliar la situación. Meterse con la democracia que significa internet es una de las peores decisiones que se puedan tomar.
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