La reciente modificación a la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 383/2025, encendió las alarmas en organizaciones de derechos humanos, colectivos migrantes y sectores populares.
La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redefine el rol de la fuerza como «garante de la seguridad nacional» y amplía drásticamente sus atribuciones, desde la intervención sin orden judicial hasta el espionaje interno, el uso ostensible del arma reglamentaria y la realización de requisas sin testigos civiles.
Desde Latidoamérica en la Clínica Migrante, la abogada y fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, advirtió que «estamos frente a un verdadero cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas», y alertó especialmente sobre el riesgo que representa esta medida para la población migrante, uno de los sectores más vulnerables frente al avance de un Estado autoritario.
Protocolo que legaliza represión preventiva
Verdú alertó que el nuevo marco legal permite a la policía actuar sin orden judicial y realizar tareas de espionaje interno: «Pueden intervenir en cualquier circunstancia, a mero requerimiento del Ministerio de Seguridad, en actividades públicas, movilizaciones o en los barrios».
Además, explicó que se habilita a la fuerza a realizar requisas arbitrarias, detenciones sin garantías procesales y uso ostensible de armas: «Te pueden parar en cualquier momento y revisarte los bolsillos, el baúl del auto o el asiento de la moto. Esto sin testigos, sin orden judicial, y sin ningún tipo de control».
«Va a ser el festival de las causas armadas», afirmó tajantemente.
Migrantes en la mira
Uno de los ejes más preocupante que destacó la fundadora de CORREPI es la criminalización específica de personas migrantes, en especial latinoamericanos. «No te quepa la menor duda, compañera, que esto se va a descargar sobre la población migrante. Y no precisamente sobre un turista yanqui, noruego o japonés. El ensañamiento es con quienes tienen rasgos más morochos, más aindiados», sostuvo.
Recordó casos recientes en los que migrantes fueron detenidos de forma arbitraria por, simplemente, estar cerca de una movilización. Entre ellos, mencionó el caso de un ciudadano venezolano y el de un joven turco, a quien se acusó de terrorismo por una fotografía turística con una estatua del Che Guevara. «Tuvimos que presentar un recurso de amparo para frenar su expulsión. Había venido ese día a Buenos Aires a buscar su acta de nacimiento para nacionalizarse argentino», relató Verdú.
Recomendaciones para migrantes en tiempos violentos
Frente a este panorama, Verdú pidió máxima precaución a la comunidad migrante, en especial a quienes tienen residencia precaria o trámites pendientes: llevar documento de identidad siempre, no portar objetos que puedan ser malinterpretados (por ejemplo, utensilios de cocina), contar con saldo en la tarjeta SUBE y batería en el celular, evitar estar en la primera línea en movilizaciones si no se tiene estatus migratorio resuelto.
«Aunque parezca estúpido, no lleves el táper con el cuchillo de cocina a una marcha. Ya tuvimos casos donde eso bastó para complicar una liberación», contó.
Además, recalcó que no portar DNI puede ser usado como excusa para la detención arbitraria bajo el nuevo decreto: «No es obligatorio llevarlo, pero si no lo tenés, te pueden detener. Con este nuevo marco, la falta de identificación fehaciente es suficiente».
¿Se puede frenar el protocolo?
Ante la pregunta sobre posibles frenos legales, Verdú fue clara: «El decreto es técnicamente legal porque el Congreso le dio facultades extraordinarias al Ejecutivo con la Ley Bases. Ya hay amparos presentados, pero mientras tanto, está vigente. No podemos relajarnos».
Asimismo, insistió en la necesidad de organización, información y unidad en la calle: «No podemos renunciar al espacio natural de defensa de nuestros derechos, que es la calle. Pero no podemos ir como a un picnic: tenemos que ser profundamente cuidadosos».
Finalmente, cabe recordar que CORREPI y la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia difunden materiales de prevención, teléfonos de emergencia y estrategias legales para enfrentar situaciones represivas. Para acceder a sus recursos, se recomienda seguir sus canales oficiales y mantenerse informados.
