El peñón de Gibraltar, un territorio colonial británico, ha despertado asperezas entre las dos naciones que se lo disputan: el Reino Unido y España.
Esta nueva escalada diplomática ya tenía antecedentes en los últimos años. Entre 2009 y 2012 hubo encontronazos entre buques de la Marina Real Británica y patrulleras de la Guardia Civil en la zona marítima en disputa, que son las aguas situadas a menos de tres millas de la costa gibraltareña, sobre las cuales España y el Tratado de Utrecht no reconocen en ningún sentido la soberanía de Gran Bretaña.
El problema de las aguas contiguas a esta colonia, otorgada por España a Gran Bretaña tras la firma del tratado de Utrecht en 1713, es uno de los que podría ser tratado en la Corte Internacional de La Haya, al igual que el conflicto del istm, sobre el que está ubicado el aeropuerto gibraltareño.
El gobierno de Rajoy argumenta que España cedió a perpetuidad a Londres solo la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortalezas, pero no sus aguas ni su espacio aéreo. En cambio, Gibraltar, que el mes pasado conmemoró los 300 años del Tratado, manifiesta que la franja de 3 millas náuticas a lo largo de la costa son sus aguas territoriales.
Hormigón y trámites fronterizos: un nuevo argumento para el conflicto
A principios de agosto de 2013, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, señaló que “con Gibraltar se ha acabado el recreo”, haciendo referencia a la propuesta de su antecesor Miguel Angel Moratinos, que había impulsado el “Foro Tripartito de Diálogo” en 2004. Además, anunció el gobierno de Rajoy que tenía previsto cobrar una tasa para entrar y salir a Gibraltar, como también restricciones aéreas e investigaciones impositivas y fiscales a los ciudadanos gibraltareños que residan en el peñón y posean propiedad en territorio español. Estas declaraciones fueron hechas en un marco de creciente inquietud generado por la denuncia española del vertido de 70 bloques de hormigón por parte de naves gibraltareñas en caladeros españoles y la queja de Gibraltar por las demoras en los controles fronterizos en la localidad de La Verja.
Pese a que los británicos consideran esas aguas como territoriales, este hecho provocó que el 24 de julio una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil llegara a la zona, por lo que se suspendió temporalmente la descarga de los bloques al mar e informó al Ministerio del Interior para pedir que se reclamara ante el gobierno británico. El problema con esos bloques era, según España, que se estaba construyendo un arrecife artificial que impediría que los navíos españoles puedan pescar en esa zona sobre la cual no se reconoce la soberanía británica.
Luego se produjo el endurecimiento de los trámites para ingresar a España, lo que derivó en una escalada de medidas por ambos países a principios de agosto. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, denunció amenazas y acosos hacia las fuerzas de seguridad españolas en la red de agentes de la frontera con Gibraltar por las fuerzas gibraltareñas, lo que calificó de “ataque a las fuerzas de seguridad y al Estado de derecho intolerable”. Como contrapartida, el Foreign Office citó al embajador español en Londres, Federico Tillo. El segundo de la representación española, Ramón Gandarias, fue quien acudió y fue notificado de la protesta por parte del secretario de Estado del Foreign Office, Hugo Swire, por los controles que se hacían en el límite fronterizo entre Gibraltar y España.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, José Manuel García-Margallo, anunció el 3 de agosto que la Abogacía del Estado y los técnicos de los distintos ministerios afectados (Interior, Hacienda, Fomento y Medio Ambiente) estaban estudiando la posibilidad de poner un peaje de cincuenta euros para cruzar la frontera que complica aún más el tránsito, también cerrar el espacio aéreo español a Gibraltar y estudiar las concesiones en telecomunicaciones. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo español denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido de bloques de hormigón en aguas españolas por parte de Gibraltar. Todas estas medidas solamente causaron más protestas británicas: el Foreign Office expresó su intención de “utilizar todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica” sobre el Peñón. Por su parte, el gobierno de Gibraltar difundió un comunicado en el que señala que las advertencias del ministro Margallo son “claramente reminiscentes de las políticas y tácticas desarrolladas por el régimen fascista de Franco” y el ministro principal, Fabian Picardo, comparó a España con Corea del Norte y reclamó el envío de la Armada Británica en su ayuda.
El 5 de agosto se produjo una reunión en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. En la misma, la alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo, pidió el retiro de los bloques de cemento y la marcha atrás con los nuevos trámites fronterizos. También se armó una mesa de diálogo conformada por políticos, armadores, pescadores y empresarios de ambas partes para resolver el conflicto. Está previsto que la Comisión Europea organice un encuentro con las autoridades españolas en septiembre u octubre para analizar el problema y, en ese sentido, el vocero del ejecutivo europeo señaló que, como el Reino Unido no participa en el Acuerdo de Schengen, España podía imponer controles en su frontera con Gibraltar siempre que estos sean “proporcionados”.
Mientras los poderes supranacionales europeos empezaban a meter mano en el asunto, el primer ministro adjunto del Peñón, Joseph García, anunció la recopilación de información para denunciar al país ibérico ante los tribunales europeos mientras la Comisión Europea sugería a España la creación de una misión técnica para observar sobre el terreno los controles en la frontera con el Peñón.
El 7 de agosto el premier David Cameron se comunicó con el presidente español Mariano Rajoy para tratar que la discusión estuviera en manos de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, es decir, bajo José Manuel García-Margallo y William Hague.
Hubo negociaciones y España dijo que si había una ronda de diálogo con presencia inglesa, española y de Gibraltar podrían anularse los controles fronterizos, aunque esto no ocurrió.
Para complicar las cosas, la Armada Británica envió al buque HMS Westminster desde el puerto de Portsmouth rumbo al peñón, donde llegaría la próxima semana. El Westminster es una fragata tipo 23, que cuenta con sistemas de vigilancia de última generación y misiles “Sea Wolf”, similar al HMS Argyll enviado en marzo de este año a las Islas Malvinas. El gobierno británico explicó que es “un ejercicio de rutina” llamado Cougar 13, que incluirá también el desembarco en Portugal, Turquía, Malta y Medio Oriente.
“Lleva mucho tiempo planear estos ejercicios y siempre hay barcos que paran en Gibraltar, no tiene nada que ver con la actual situación diplomática”, informó un vocero del Ministerio de Defensa británico. “Se trata de navegar por el Mediterráneo y hacer ejercicios con otras fuerzas para mejorar nuestra interoperabilidad y desarrollar nuestra habilidad para trabajar con nuestros colegas”, añadió.
El presidente español, tras entrevistarse con el Ministro de Asunto Exteriores y con el rey Juan Carlos I, manifestó que el gobierno español se reservaba “todas las medidas legales sobre Gibraltar”, y acusó al del Peñón de la ruptura unilateral de los acuerdos de pesca de 1999 previos al conflicto, a raíz la creación del arrecife artificial.
Gibraltar y Malvinas
A lo largo de esta controversia política y económica, los dos gobiernos aseguraron actuar en el marco de la legalidad y de los acuerdos alcanzados entre ambos países sobre el tema.
Durante la disputa, el Ministerio de Interior español estudiaba denunciar en la ONU la situación de la soberanía del Peñón, barajándose la posibilidad de llegar a un convenio con Argentina, integrante temporal del Consejo de Seguridad de la ONU, para incluir el contencioso hispano-británico en la agenda del organismo y también se estudiaba la posibilidad de acudir al Tribunal Internacional de La Haya. Si bien esto fue recibido de manera positiva por Fabián Picardo, desató una fuerte respuesta de Cameron, quien amenazó con tomar “acciones legales sin precedentes” contra España, mientras el alcalde de Londres, Boris Johnson, señaló que “los españoles tienen que sacar sus manos de la garganta de Gibraltar” e hizo un llamamiento a defender Gibraltar como se había hecho en 1982 con las Islas Malvinas.
José Manuel García-Margallo viajará a Buenos Aires a principios de septiembre y, junto con su colega Héctor Timerman, intentará adoptar una posición común para que ambos países tengan una estrategia conjunta en la ONU por Gibraltar y las Malvinas.
Aunque Argentina forma parte del Consejo de Seguridad y podría incluir el conflicto por Gibraltar en la agenda del máximo órgano decisorio de la ONU, el Reino Unido, si bien cuenta con poder de veto, al ser un tema en el que tiene intereses directos, debería abstenerse.
La oposición socialista dejó expresa su posición: “Hay que darle una solución europea, en el marco de la Unión, entre dos países socios”, dijo Juan Moscoso, vocero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Comisión Mixta para la UE en el Congreso. Desde el partido opositor sostienen que España debe encarar la resolución del conflicto con el Reino Unido en el marco de la UE para evitar “aventuras” y “falsas alianzas” con otros países. Por su parte, Izquierda Unida apoya presentar el litigio en foros internacionales luego de efectuar un estudio pormenorizado de todas las posibilidades y un análisis de las consecuencias en los equilibrios diplomáticos.
Por su parte, el gobierno británico manifestó que su posición con relación a Gibraltar no se ha modificado y que es coherente con su política en otros territorios de ultramar. Una vocera del ministerio británico de Asuntos Exteriores expresó que “la autodeterminación importa más que la integridad territorial. El pueblo de Gibraltar ha expresado de manera repetida y abrumadora su deseo de permanecer bajo soberanía británica”.
Desviar la atención
El ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, dijo que el conflicto fue desatado por el lado español para desviar la atención de los problemas judiciales vinculados a la investigación por la existencia de sobresueldos y financiación ilegal en el Partido Popular (PP). “El trasfondo del conflicto es que el gobierno español se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción que afectan al propio Rajoy”, señaló el funcionario.
“Hay un intento de golpear el tambor nacionalista y que la gente aparte la mirada de los problemas que España y el propio Rajoy están teniendo”, aseguró Picardo y dijo que las tensiones existentes se asemejan a  la Guerra de Malvinas que impulsó la dictadura argentina: “Se parece un poco a lo que hizo Galtieri en 1982”.
Una nota de solidaridad dentro de España le llegó al mandatario gibraltareño. Fue una carta que le envió Esquerra Republicana de Catalunya, un partido que promueve la independencia catalana.
En el texto se señala que los gibraltareños “ejercieron dos veces su derecho a la autodeterminación para decidir que no quieren formar parte del Reino de España” y además manifiesta que ellos también desean que “Cataluña pueda autodeterminarse”.

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