El Gobierno Nacional se retiró como querellante y se archiva la causa por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri.
Mediante el Decreto 87/2026 firmado el viernes pasado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la investigación sobre el destino del empréstito por más de 44 mil millones de dólares no seguirá su curso. De esta forma, la Procuración del Tesoro de la Nación deja de ser querellante contra Macri por defraudación contra el Estado por el préstamo más grande en la historia del FMI.
Así, no se conocerá el destino del dinero que dispusieron Luis Caputo (ministro de Finanzas en dicha gestión y actualmente en Economía), Federico Sturzenegger (otrora titular del Banco Central y ministro de Desregulación en el presente), Nicolás Dujovne (exministro de Hacienda), Guido Sandleris (en el Banco Central) y Macri. Tampoco se los investigará por presunto desvío de fondos, lavado de activos, fuga de divisas ni fraude al Estado. El fiscal Franco Picardi los había imputado por delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
Al respecto del reciente decreto, el texto argumenta que el órgano competente para impulsar la acción penal es el Ministerio Público Fiscal, libre de interferencias de otros organismos. Además, manifiesta que no significa que se renuncie al reclamo sino que deberá continuar su curso según los procedimientos correspondientes. Previamente, la jueza María Eugenia Capuchetti había archivado la causa a inicios de febrero por «discrepancias con decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias».
Inmediatamente, Picardi apeló la decisión «arbitraria, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas». «La entidad y complejidad de los hechos investigados, así como la afectación directa a derechos y garantías fundamentales, imponen necesariamente la realización de una investigación profusa, amplia y exhaustiva, orientada a esclarecer la totalidad de las responsabilidades involucradas, el alcance de las maniobras desplegadas y la eventual existencia de otros partícipes, a fin de garantizar la plena vigencia del orden constitucional y el Estado de Derecho», argumentó el fiscal.
Asimismo, Picardi expresó mediante su escrito que «las pruebas aunadas develan un conjunto de acciones direccionadas que, analizadas de manera integral, permiten observar y reconstruir un posible entramado delictivo muy tangible, conformado por etapas y acciones concretas emparentadas con la violación de normativa a la que se encontraban obligados como funcionarios públicos para la toma de deuda pública; las falsedades en torno al destino y uso de los fondos solicitados al FMI; la administración ruinosa de los fondos obtenidos, generando una deuda insostenible para el beneficio de un reducido grupo privado concentrado con posibles relaciones y/o vínculos con los decisores públicos; la administración arbitraria y discrecional que imposibilitó el control de la trazabilidad de los fondos obtenidos; y la generación de prejuicios cuantificables e incuantificables para la administración pública y la sociedad en general».
Finalmente, la administración de Milei decidió que el Estado Argentino de un paso al costado como querellante por el préstamo del FMI, mientras la Justicia de Estados Unidos solicita al Gobierno Nacional que informe dónde envió las reservas de oro del Banco Central, de las que se desconoce su paradero.
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