Cecilia Strzyzowksi fue vista por última vez el 1° de junio en Resistencia, Chaco, cuando se despidió de su madre porque supuestamente realizaría un viaje desde dicha provincia a Tierra del Fuego. Pero no lo haría sola, el plan, al menos tal como fue comunicado a la familia, era viajar con su pareja, César Sena, hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
Antes de conocerse la noticia de la desaparición y el presunto femicidio, estos dirigentes eran precandidatos del Partido Socialistas Unidos (PSU), autoridades del oficialista Frente Chaqueño. Actualmente, los tres están detenidos, junto a otras cuatro personas, imputados por «homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (es decir, femicidio)”.
A raíz de este hecho son numerosas las organizaciones feministas y con perspectiva de derechos humanos que le exigen a la Justicia una investigación urgente, eficaz, imparcial y exhaustiva que aporte claridad a familiares, amigos y a la sociedad en general sobre lo que sucedió realmente con Cecilia.
En este sentido, Amnistía Internacional se puso en contacto a través de una carta con el procurador general de la provincia de Chaco, Jorge Edgardo Omar Canteros, y al Equipo Fiscal Especial.
Dicha carta es enfática respecto al rol clave de la Justicia en crímenes vinculados a referentes del poder político (tal como es el caso de la familia Sena) y, además, aporta lineamientos clave que deben ser considerados en una investigación ante posibles casos de femicidios.
En este sentido el comunicado transmite los siguientes puntos.
Los Estados deben investigar en forma oportuna, exhaustiva e imparcial, libres de estereotipos.
Debe prevalecer la perspectiva de género y el enfoque interseccional, a lo largo de todo el proceso.
Las investigaciones deben iniciarse de manera inmediata para impedir la pérdida de pruebas que pueden resultar fundamentales para la determinación de responsabilidad
Deben realizarse en un plazo razonable y agotar todos los medios para esclarecer la verdad.
Agotar todos los medios legales disponibles y presumir el femicidio en toda investigación por la muerte violenta de una mujer desde las primeras diligencias con el fin evitar omisiones irreparables.
Se deben garantizar los derechos de las víctimas: los derechos de las víctimas sobrevivientes e indirectas en el proceso judicial por la investigación de femicidios.
La eficacia de la investigación en los casos de muertes violentas de mujeres depende del trabajo coordinado entre los diferentes actores que participan en el proceso investigativo (trabajo interinstitucional).
En esta línea, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sostiene: “El Estado debe garantizar la debida diligencia reforzada en la investigación de la desaparición y presunto homicidio de Cecilia Strzyzowksi y adoptar todos los recursos legales disponibles para garantizar el efectivo acceso a la justicia, la sanción de los responsables y la debida reparación, conforme a las obligaciones asumidas en materia de derecho internacional de los derechos humanos”.
