En una controvertida votación en el Parlamento (el Pleno de Knesset), el Gobierno de Israel legalizó la pena de muerte por ahorcamiento para terroristas.
La medida, que contó con 62 votos a favor y 48 en contra, despertó críticas inmediatas por tratarse de una iniciativa directamente enfocada hacia un grupo preciso, ya que obliga a los tribunales militares sin necesidad de unanimidad a imponer la pena sobre los palestinos residentes en Cisjordania ocupada que fueren declarados culpables de causar la muerte a una persona como consecuencia del terrorismo. Además, el plazo máximo para la ejecución es de 90 días y no existe posibilidad de indulto. Por el contrario, si se tratase de ciudadanos israelíes, las condenas podrán ser hasta perpetuas.
Con la presencia en el recinto del primer ministro Benjamin Netanyahu, la sesión aprobó el proyecto sin cambios en comisión, tal como fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien intentó abrir una botella de champagne para celebrar la sanción, pero se lo impidieron. De todas formas, expresó: «Estamos haciendo historia». Por otra parte, Matti Sarfatti, diputado del opositor partido Yesh Atid, denunció que «la ley es populista, inmoral, no igualitaria». «Es claramente inconstitucional», criticó.
Inmediatamente, el Consejo de Europa alertó sobre «la aprobación de esta ley, que amplía la aplicación de la pena de muerte en el país, supone un grave retroceso», tal como se pronunció mediante un comunicado. «La pena de muerte es un anacronismo legal incompatible con los estándares de derechos humanos contemporáneos», que fue abolido en Israel hace más de 80 años. «Además, cualquier aplicación de la pena de muerte que pueda calificarse de discriminatoria es inaceptable en un Estado de derecho», alertó el organismo.
En declaraciones emitidas por el Canal 12 local, el doctor Amir Fox (perteneciente al Instituto Israelí para la Democracia), advirtió que «en ningún país democrático existe la pena de muerte obligatoria: siempre debe haber una discrecionalidad por parte del tribunal o la fiscalía para solicitarla». «Este es el tipo de medida que los tribunales suelen rechazar, ya que no existe tal castigo en países democráticos que contemplan la pena de muerte, como los Estados Unidos, ni siquiera en Israel donde se aplica la pena de muerte a los nazis y, si bien es una pena máxima, no es obligatoria», detalló.
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