Con demasiada frecuencia, quizás abusando de nuestra humana capacidad de olvidar o naturalizar rápidamente, desde diversos puntos del planeta nos llega el recordatorio que para millones de personas la búsqueda de un nuevo proyecto de vida se reduce a una cuestión de sobrevivencia.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia se presentó como una nueva oportunidad para que los medios de comunicación utilizaran, hasta el hartazgo y sin ningún tipo de pudor, la urgencia, el dolor y el miedo de millones de personas que emprendieron un viaje incierto hacia el oeste para salvar la vida.

Con la novedad como noticia añeja, el sufrimiento pasó a ser un número más. A la fecha, más de 5 millones de personas salieron de Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de este año, mientras que unas 7,7 millones debieron reasentarse dentro del mismo país.

Para quienes huyeron de Ucrania los últimos cuatro meses, la pertenencia geopolítica a Europa les permitió ciertas certezas jurídicas (que de ninguna manera se equipara con el dolor de esa huida). Por primera vez a los pocos días de iniciados los ataques, la Comisión Europea activó la directiva de protección internacional. Se trata de una medida adoptada por la Unión Europea UE) después de la guerra en Yugoslavia para casos de «afluencia masiva o inminente» de personas refugiadas.

No obstante, esa buena voluntad europea transformada en medida concreta, también dejó de manifiesto la doble vara con la que se mide el mundo desde esas latitudes. Y es que el hecho de que se trate de la primera vez que se aplica la medida, supone que ni los dramas de Afganistán, Siria, Venezuela o Yemen, calificaron lo suficiente como para ponerla en marcha.

Así, la buena voluntad se golpea de frente ante el real ánimo institucional, el que deja a la deriva a más de 100 millones de personas que hoy buscan un nuevo lugar donde establecerse y construir una vida sin miedos ni persecuciones.

En este concierto de buenas voluntades, Argentina aporta lo suyo. Mientras a finales del año 2006 se aprobó la Ley 26.165, de Reconocimiento y Protección al Refugiado, luego de 16 años continúa sin ser reglamentada.

Quizás una de las primeras urgencias -ya no desafíos- que tenemos a la hora de abordar la migración, es el hecho de entender y respetar las trayectorias, desde lo personal, lo colectivo y, sin duda, lo institucional. Una tarea para nada fácil toda vez que los prejuicios siguen siendo actores principales en parte no menor de las sociedades que reciben: prejuicios que dan cuenta de la existencia de profundas diferencias entre «extranjeros» e «inmigrantes».

Artículo elaborado especialmente para puntocero por Felipe Bauerle.

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