El exsecretario de Transporte acusado por cohecho, Ricardo Jaime, afrontará desde el 24 de septiembre el juicio oral público en una causa que agrupa una denuncia por admisión de dádivas por parte de empresarios del transporte cuando era funcionario del área, mientras que otra es por el pago del alquiler del edificio donde vivía, que fue abonado por ejecutivos de la firma Terminal de Buenos Aires (TEBA) que explota la Terminal de Ómnibus de Retiro, empresa que estaba bajo el control de la secretaría a cargo del propio Jaime.
Si bien en un principio el juicio iba a ser en el mes de agosto, el juez federal Julián Ercolini fijó la nueva fecha para el proceso penal en el que se unificaron dos causas. Esta unión de las causas fue realizada a pedido de Jaime.
La denuncia fue efectuada en 2009 por el actual diputado nacional Manuel Garrido quien, en ese entonces, se desempeñaba al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: lo acusó de haber utilizado taxis aéreos que habrían sido pagados por la empresa Trenes de Buenos Aires mientras ocupaba la Secretaría de Transporte, de la que fue su titular entre 2003 hasta 2009.
El delito de dádivas figura en el Artículo 259 del Código Penal y determina que «será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año».
Respecto de los departamentos, se comprobó que el alquiler de la vivienda ocupada por el exfuncionario era pagado por empresarios del sector. Los directivos de la empresa TEBA eran quienes se hacían cargo del desembolso del dinero por vivir en ese departamento. Es importante mencionar que Jaime prorrogó el contrato de concesión de la terminal en 2006 hasta el corriente año.
Al contrario de lo que ocurre en el juicio por la tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012, al que Jaime no concurre, en este juicio sí deberá hacerse presente al igual que los demás acusados: Manuel Vázquez (mano derecha del exfuncionario) y su hijo Julián Vázquez, también irán al banquillo Sergio Cirigliano, Néstor Otero, Alfredo Pielach, Edgardo Preiti y Gabriel Ackerman.
Las opciones del juicio son las siguientes
Que se lleve adelante el debate oral y público con todos los imputados presentes. Que el fiscal Guillermo Marijuán acuse y que el juez Ercolini condene o absuelva.
Que algunos de los imputados solicite una «probation» o suspensión del juicio a prueba. Este instrumento no se aplica para los funcionarios públicos, por lo que Jaime no se puede acoger al mismo. Los empresarios pueden -bajo ciertas condiciones- evitar el juicio a cambio de realizar tareas comunitarias.
Que Jaime (o alguno de los imputados) convine con el fiscal Marijuán un juicio abreviado. Esto significa declararse culpable, se le dicte la condena y pena correspondiente, pero sin que se realice el juicio oral y público.
Si Jaime recibiera condena por este juicio sería la segunda. Ya fue condenado a seis meses de prisión por el intento de robo de pruebas en el caso en el que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.
