Muchos tuvimos, al menos una vez en la vida, un compañero o compañera migrante. En la primaria, en la secundaria, en la universidad… en algún aula compartimos banco, recreo o pasillo con alguien que había nacido en otro país.
Lo curioso es lo que la memoria revela cuando se pregunta por esos vínculos: la mayoría recuerda burlas, chistes de mal gusto, miradas o silencios que aislaban. Otros -menos- aseguran no haber visto diferencias de trato o señalan que las marcas de distancia venían, en realidad, de los adultos: de un docente o un directivo que no sabía qué hacer con la diversidad. Y en una porción ínfima -porque la autocrítica es un músculo poco ejercitado- aparece la confesión incómoda: la de haber participado, en mayor o menor medida, en esas conductas discriminatorias.
La conclusión es inevitable: el aula argentina siempre estuvo atravesada por la migración. Y la forma en que ese cruce se vive dice mucho de quienes nos gobiernan.
Una historia con bandera y borrador
Un repaso rápido por la legislación migratoria argentina funciona como espejo. La Constitución de 1853 proclamaba que «todos los habitantes», argentinos o extranjeros, tendrían los mismos derechos civiles. La Ley 1.420 (1884) inauguró la escuela gratuita y obligatoria. Pero no seamos ingenuos, el objetivo no era exactamente celebrar la diversidad: era «argentinizar» a los hijos de italianos, españoles o sirio-libaneses. Bandera al mástil y silencio con la lengua de la abuela.
En el Siglo XX, la Reforma Universitaria de 1918 y la Constitución de 1949 reforzaron la idea de educación pública y gratuita. Eso sí, en los recreos todavía se ridiculizaban acentos o costumbres. Porque la letra de la ley es una cosa y la práctica escolar, otra.
El gran giro llegó recién en 2003, cuando la Ley de Migraciones 25.871 reconoció a la migración como un derecho humano y garantizó acceso a la educación sin importar papeles. Un faro en la región.
Pero las brújulas se alinearon al neoliberalismo. En 2017, Mauricio Macri firmó el Decreto 70, endureciendo las reglas migratorias. Y en 2025, Javier Milei directamente levantó un muro simbólico con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366: restringir el acceso a la universidad y la salud pública. Argentina pasó, en menos de dos décadas, de abrir los brazos a mirar al norte con los brazos cruzados.
DNU de Milei: manual de exclusión exprés
El DNU 366/2025 modificó el artículo 7 de la Ley 25.871 y deja fuera de la gratuidad de la educación superior a personas con «residencia precaria» o «residencia temporaria».
¿A quiénes afecta? Migrantes que llevan años viviendo y trabajando legalmente en Argentina -incluidos solicitantes de asilo y refugiados-, pero que no tienen residencia permanente.
¿Por qué preocupa? Porque choca con la Constitución (principio de igualdad) y con tratados internacionales que protegen el derecho a la educación. Sí, la letra chica internacional que tanto gusta citar cuando conviene, pero acá se barre debajo de la alfombra.
El argumento oficial: «equidad» y ahorro fiscal.
La crítica: equidad no es sinónimo de discriminación, y los números brillan por su ausencia.
Impacto práctico: menos acceso de migrantes a universidades, más barreras para integrarse y un potencial papelón regional e internacional.
Lo que viene: demandas judiciales, reclamos de organismos de derechos humanos y, sobre todo, una pregunta incómoda: ¿la educación pública argentina se sigue definiendo por la inclusión o por la exclusión?
Cuando la puerta se cierra… ¿dónde golpear?
Ante la restricción, quienes se vean afectados pueden recurrir a la Defensoría General de la Nación, Área de Relaciones con la Comunidad a los teléfonos 4124-4800 y 0800-555-4800; además de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y defensorías provinciales.
Comunico con mirada de género y derechos humanos. Historiadora, entre el teatro, la escritura y las voces latinoamericanas en movimiento. Partir de cero implica disfrutar del proceso y aprender poniendo en práctica. Frase de cabecera: «Ninguna mujer nace feminista, nos vamos haciendo…»
