La medida había dado lugar a una polémica. Más allá de la legalidad o legitimidad de la decisión de Mauricio Macri, el nombramiento de dos jueces en comisión para la Corte Suprema había sido fuertemente cuestionada por ser contradictorio con los discursos de cambio en las formas que el nuevo gobierno había planteado al inicio de su gestión. Es importante remarcar que integrantes del propio oficialismo o de sectores cercanos como Margarita Stolbizer se habían manifestado en contra de esta medida. Ante estos reclamos se había acordado con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, postergar las juras de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz hasta, en un principio, febrero próximo. La intención del macrismo era ocupar las vacantes ocasionadas por las renuncias de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt al máximo tribunal.
En el marco de las discusiones, Mariano José Orbaiceta presentó una acción de amparo para que se decretara la inconstitucionalidad de este decreto. El pedido solicitaba «la nulidad del Decreto N° 83/2015 publicado en el Boletín Oficial el 15 de diciembre pasado, mediante el cual se designó como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti en los términos del Artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional».
Ante este reclamo, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar contra el nombramiento «en comisión» de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para ocupar las vacantes en la Corte Suprema. Además, ordenó al máximo tribunal que no le tome juramento a estos magistrados.
Ramos Padilla sostiene en el escrito que «si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal no es válido, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano…, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la República». Ramos Padilla, quien integra la asociación judicial Justicia Legítima, había renunciado en las últimas semanas a su cargo como juez subrogante en el Juzgado Federal de Bahía Blanca porque la Corte había declarado inconstitucional la ley de subrogancias.
Es importante destacar que, aunque impide su asunción en estas condiciones, el fallo remarca que cuando reciban acuerdo por parte del Senado automáticamente el fallo cesará en sus efectos. Orbaiceta fue aceptado como parte porque «no existen dudas que la Corte Suprema, cuya composición se impugna, tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y que todos los ciudadanos pueden verse afectados si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el Poder Ejecutivo Nacional sin acuerdo del Senado de la Nación y sin siquiera poder ejercitar el derecho que les acuerda el decreto 222/03» de autolimitación, suscripto por Néstor Kirchner.
Asimismo, el juez argumenta que «a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta».
Prioridades y cuestión de género
Luego de conocida la decisión de Ramos Padilla, el presidente Mauricio Macri relativizó la importancia de la misma y señaló: «No sé si tiene valor el fallo, lo que hemos hecho nosotros es constitucional». Además, añadió que «la decisión la tiene la Corte Suprema cuando llegue el momento de la jura», que se hará en febrero. «Iremos viendo», manifestó Macri, quien afirmó que el tema «no es prioritario». Por otra parte, Macri sostuvo que la intención es «garantizar el correcto funcionamiento de la Corte, y con tres jueces no puede funcionar».
En otro orden, desde el Frente Renovador y la Coalición Cívica adelantaron que presentarán proyectos para que las vacantes del máximo tribunal sean cubiertas por mujeres.
Malena Galmarini, esposa del líder del Frente Renovador (Sergio Massa), presentó una solicitud ante el Ministerio de Justicia para que «al menos uno de los dos lugares que quedaron vacantes en la Corte sea ocupado por una mujer. Esto no es en contra de ninguno de los dos nominados por el presidente Macri, quienes gozan de un excelente currículum». Al respecto, Galmarini remarcó que «la normativa habla claramente de la diversidad de género, y si van a ser cinco los miembros del tribunal, nos parece injusto que haya una sola mujer».
En su cuenta de Twitter, la dirigente escribió con el hashtag #Mujeresenlacorte: «Esto no es en contra de los nominados por el presidente. Creemos que se tiene que cumplir la paridad de género».
El pedido del Frente Renovador fue acompañado por otras legisladoras como la diputada por el Parlasur, Fernanda Gil Lozano, las diputadas Liliana Schwindt y María Azucena Ehcosor (Unidos por una Nueva Alternativa) y Julia Perié (exdiputada del Frente para la Victoria). Gil Lozano señaló que «es muy alarmante que en un país donde cada 30 horas matan a una mujer, no tengamos juezas mujeres», mientras que Schwindt señaló que «nosotros habíamos hecho una impugnación cuando Cristina Kirchner había propuesto a Carlés y ya pedíamos la presencia de una mujer en ese lugar».
Desde Coalición Cívica-ARI, Magdalena Odarda expresó que exigirá al Senado «que se apruebe una ley para determinar la igualdad real para las mujeres en la Corte Suprema». En un comunicado, la diputada indicó que «la Constitución nos obliga a legislar y promover medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, de trato y pleno goce y ejercicio de todos los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos».
