El presidente chileno Sebastián Piñera fue denunciado este jueves ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. El mandatario trasandino fue acusado por diferentes organizaciones por la respuesta de su gobierno ante las manifestaciones de un año y medio atrás, en la que hubo decenas de muertes, miles de personas con heridas de gravedad, violaciones y torturas.
De esta manera, Piñera deberá responder en el tribunal neerlandés contra el documento presentado por el exjuez Baltasar Garzón, quien cuenta con el respaldo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democracia (CRED) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ). «Enviaron hoy un escrito a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, en la ciudad de La Haya para que el tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos desde octubre de 2019», publicó el Centro de Investigación Periodística (Ciper).
Al respecto de la acusación, las respuestas del Estado fueron ejecutadas «en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque», «constitutivos de crímenes de lesa humanidad». “Son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional», argumentó Garzón.
En conclusión, el español afirmó mediante un video que «los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile».
