Luego de casi una semana de protestas, Chile continúa inmerso en una ola de violencia que se desplegó en las calles como consecuencia de otra violencia, la que impulsan los ajustes por parte del gobierno en los sectores más vulnerables y las clases trabajadoras.

De esta manera, lo que comenzó con los incrementos de los servicios de luz y agua y continuó con el valor del boleto en metro, que se elevó a 830 pesos (algo así como 65 pesos argentinos), por decisión del presidente Sebastián Piñera, disparó los inmediatos reclamos del sector estudiantil y obrero en Santiago, iniciados con la evasión del pago del pasaje en subte. Para limitarlo, el gobierno puso a las fuerzas armadas en las calles y la ecuación dio como resultado un estallido social que incluye la quema de algunas estaciones de los subterráneos en Santiago y la posterior declaración de Estado de Emergencia y toque de queda por el mandatario, confirmado por el jefe de la Fuerza de Defensa Nacional en la Región, Almirante de la Maza, a través de Twitter.

Como consecuencia de las manifestaciones de un sector de la sociedad, Piñera anunció el fin de semana que retrotraía el aumento al «haber escuchado con humildad la voz de la gente», tal como expresó.

De todas formas, esto no aplacó la furia y el descontento y las protestas se incrementaron en Santiago, Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Concepción, entre otras localidades. Paros, suspensión de clases y ataque a edificios y espacios públicos son solo algunas de las consecuencias, que ya se cobró 11 víctimas humanas.

Así, el aumento del pasaje en subterráneos se convirtió en la gota que rebalsó el vaso para un país poco igualitario. Para afirmar la sentencia, vale mencionar la última edición del informe «Panorama Social de América Latina» elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la que asegura que el 1% más adinerado de Chile se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país trasandino.

Asimismo, el salario mínimo es de 301.000 pesos (aproximadamente 420 dólares, cerca de 25.000 pesos argentinos) y casi la mitad de la clase trabajadora promedia esa cifra.

«Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible», comunicó el Presidente este domingo… y aviva el fuego.