La nueva Ley de Protección a la Salud Mental busca descentralizar y personalizar el cuidado de pacientes psiquiátricos a través de la promoción y creación de hospitales de día y casas de medio camino. El objetivo de estas instituciones pequeñas, barriales y especializadas será incluir a los enfermos a través de talleres ocupacionales, de rehabilitación, terapéuticos y  psicoeducativos.
La Ley 26.657 fue sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, pero recién este año empezó a tener efecto. En ella se establece que todas las personas que sufran de una afección mental deberán ser evaluadas por un equipo interdisciplinario capacitado en orden de determinar su internación en hospitales generales o su tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias u hogares de día, ya no en neuropsiquiátricos. La ley prohíbe, explícitamente, la creación de nuevos manicomios en Argentina con el objeto de propiciar una salida más humana y comunitaria al problema.
Los 391 neuropsiquiátricos que existen a nivel nacional (56 de ellos públicos) siguen albergando a aquellos cuya patología reviste algún nivel de peligrosidad, aunque el número de externados ha comenzado a aumentar a medida que se crean nuevos hogares comunitarios: actualmente existen 20 casas en las localidades bonaerenses de Luján y Torres y se siguen sumando establecimientos en proceso de nominalización. Lo que se apunta a lograr con esta medida es reducir la reclusión de pacientes cuyas patologías son susceptibles de tratamiento ambulatorio y de posterior recuperación e inserción laboral como, por ejemplo, aquellos que padecen adicciones.
A partir de esta ley también se creó la Dirección Nacional de Salud Mental, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, cuya cabeza hoy está ocupada por Matilde Massa a cargo de la planificación, implementación y control de la red de hogares comunitarios y el proceso de externación de pacientes.
Las fuentes oficiales afirman que el fin de esta legislación es crear un proceso de inclusión y desestigmatización del paciente psiquiátrico, quien ha sido víctima de tratos inhumanos, sobremedicación y hacinamiento en centros manejados por personal no capacitado. Al respecto, Matilde Massa (directora nacional de Salud Mental) y Graciela Negri (coordinadora de Centros Comunitarios en la Provincia de Buenos Aires) coinciden en que la ley debe propiciar un cambio cultural en la sociedad argentina.
El fundamento de la ley es explícito: proteger al enfermo psiquiátrico en contra de internaciones arbitrarias, malos tratos y exclusión, aunque hay que recalcar que lo hace de una manera muy escueta y simplificada, sin reflejar la multiplicidad de escenarios socio económicos que pueden generarse en el seno de una familia que experimenta la situación de enfermedad de un familiar, y las consecuencias que eso puede significar para la comunidad en su conjunto.